Control territorial y confianza ciudadana

La lucha contra los altos índices de criminalidad y delincuencia constituye una urgencia nacional. Los técnicos suelen siempre decir que el primer paso es la recuperación del control del territorio por parte de las fuerzas estatales. Incluso se afirma que las medidas de prevención no deben darse hasta que no se consolide dicho paso. Aunque estas afirmaciones tienen algo de cierto, no son verdades absolutas. El modo de controlar el territorio juega un papel fundamental en otro de los componentes fundamentales de la lucha contra el crimen. Si dicho control se realiza con exceso de fuerza y arbitrariedad, la confianza en las autoridades se vuelve casi un imposible para una buena proporción de los ciudadanos. Si las detenciones se realizan con violencia y de forma humillante, el temor y el resentimiento crecen. Sin una investigación adecuada previa, las redadas generalizadas redundan fácilmente en la captura de inocentes. La tendencia de la Fiscalía a pedir medidas de cárcel agrava la situación en el caso de la detención de inocentes. Y la utilización del plazo máximo del período de instrucción para redondear las averiguaciones puede causar grave perjuicio a quien luego es sobreseído.

En otras palabras, el control del territorio debe ir acompañado de medidas encaminadas a ganarse la confianza de la gente. Si la población no confía en la Policía o en las instituciones de justicia, de poco sirve el control de barrios, colonias, cantones. Basta recordar el tiempo de la guerra civil, en el que el control del territorio solía realizarse a sangre y fuego. A pesar de ello, cuantos más cruentos eran los abusos y crímenes del Ejército, más crecía la simpatía por la guerrilla. A mediados de los ochenta, la relativa moderación de la Fuerza Armada permitió el empate entre los grupos contendientes. Por el contrario, la reactivación de actos criminales, que culminó en la masacre en Fenastras, desembocó en la ofensiva guerrillera de 1989. La reacción militar, en el marco de la cual se perpetró el asesinato de los jesuitas, llevó al Ejército a un profundo descrédito tanto al interior del país como a nivel internacional.

La fuerza bruta nunca da un resultado permanente. La combinación de investigación seria del delito, persecución del mismo y justicia legal e imparcial tiene que ser la base del control del territorio. Y paralelamente deben aplicarse medidas de prevención que incluyan en el desarrollo económico y social a los grandes sectores marginados, de donde sale en buena parte la organización pandilleril. No hay paz sin justicia, como hemos repetido innumerable veces. Y la justicia debe realizarse de un modo adecuado. Si quieren jugar el papel que les corresponde en la lucha contra el delito, la Policía, la Fiscalía General de la República y el sistema judicial deben ser en absoluto fieles a sus normativas y al respeto a los derechos humanos.

La construcción de confianza ciudadana también supone otras medidas, aunque el primer paso es una Policía íntegra y respetuosa de las personas. Pero un cuerpo policial de ese tipo aporta poco ante una Fiscalía lenta y cobarde en unos aspectos, y demasiado rápida y arbitraria en otros. Un sistema judicial que hace depender la justicia de si el caso lo lleva un juez honesto y bien preparado, o uno corrupto, parcial, inepto o perezoso, no ofrece la confianza necesaria. Además, resulta indispensable una política de desarrollo económico, social y cultural. Programas enfocados hacia la juventud en todos los ámbitos —con énfasis en lo laboral, cultural y deportivo— significaría un avance sistemático en la lucha contra el delito. No se puede condenar a la pobreza, a la exclusión, a un 50% de la población y al mismo tiempo pensar que se puede vencer a la delincuencia. No hay paz sin justicia, lo repetimos, y la justicia social, que debe procurar el Estado, es condición indispensable para la construcción de una paz en la que el delito no tenga la preponderancia actual.

Un control exitoso del territorio exige procedimientos adecuados, reduciendo al mínimo posible el ejercicio de la fuerza bruta. La confianza demanda investigación seria, diálogo y discernimiento, en vez de redadas indiscriminadas. La prevención necesita inversión en las personas, superación de la pobreza y reducción de las desigualdades. Si en el control del territorio y la construcción de confianza los protagonistas deben ser la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial, en la prevención la responsabilidad recae sobre el Estado, pero también sobre los poderosos de nuestro país, aquellos que más tienen, siempre reacios a cumplir con su obligación de pagar impuestos y siempre dispuestos a exhibir prepotencia, egoísmo y ofensivas desigualdades frente a la población. Sin cambios adecuados en la estructura social, corremos el riesgo de repetir nuestras divisiones y errores históricos, en los que la violencia ha tenido un papel rector.