Crisis de salud mental

Hace unos días, un joven se quitó la vida en una concurrida calle de San Salvador. Más allá de la conmoción del momento, esta tragedia debe mover a una reflexión seria sobre lo que el hecho dice y exige de nuestra sociedad. Según las estadísticas, en promedio, nueve salvadoreños se quitan la vida cada semana; casi 500 al año. La mayoría de los suicidios ocurren en el ámbito privado, por lo que pasan desapercibidos. Sin embargo, se den en público o en privado, suponen un llamado de atención sobre el estado de la salud mental en el país.

A lo largo de su historia, El Salvador ha vivido situaciones y dinámicas que han golpeado física y psicológicamente a su población. El conflicto armado, la criminalidad pandilleril, la pobreza y la falta de oportunidades, las desapariciones, las masacres, la desintegración familiar por la masiva migración, los abusos sexuales, el desplazamiento forzado, la variada violencia de una cultura profundamente machista son algunas de las principales causas de traumas de largo aliento y alcance. Y a esa lista se sumó la pandemia de covid-19, que obligó al encierro, trastornó las relaciones sociales y causó cuadros generalizados de estrés, depresión y ansiedad. No reconocer esta realidad es un grave error, pues no permite tomar acciones para proveer de atención psicológica o psiquiátrica a las muchas personas que lo requieren.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022, una de cada 10 personas adultas padece de estrés postraumático y 2 de cada 10 muestran algún grado de depresión. En el caso de los adolescentes, la situación es aún peor: el 22.4% tiene estrés postraumático o siente angustia moderada, y 4 de cada 10 presentan síntomas de trastorno depresivo. Esta realidad contrasta con la capacidad instalada del sistema público para la atención de la salud mental. Al inicio de este año, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social disponía de 55 psiquiatras y 50 psicólogos para atender a los derechohabientes. Por su parte, según los últimos datos disponibles, el Ministerio de Salud contaba en 2018 con un total de 147 psicólogos y 32 psiquiatras, la mayoría de ellos en San Salvador. Es evidente que con este personal no es posible atender la demanda en materia de salud mental.

No en pocas ocasiones se ha tratado de hacer consciencia sobre el problema; diversos sectores de la sociedad han llamado a fortalecer el sistema de salud a nivel nacional incorporando más especialistas que atiendan la salud mental. Sin embargo, las autoridades del ramo sigue pasando de largo frente al tema. Hace aproximadamente un año, se propuso a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Salud Mental para crear clínicas psicológicas y psiquiátricas en las unidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en toda institución pública de salud, e implementar una línea telefónica de ayuda. La propuesta fue rechazada y archivada. Este tipo de decisiones son contrarias a los intereses y la vida de la población. Mantenerse indiferente ante esta crisis nacional de salud mental es apostar por la multiplicación de tragedias y renunciar al anhelo de una convivencia social sana.