Debilidad estatal ante el delito

El aumento de los casos de desaparición durante 2018 ha llevado a la Fiscalía General de la República a crear una unidad encargada de investigarlos. Entre 2013 y 2018, la Fiscalía registró más de 22 mil denuncias de privación de libertad, un delito que se aplica cuando la desaparición tiene un responsable civil o desconocido. Por su parte, la PNC, durante el mismo período, solamente registró la mitad de denuncias: 11,766. En el delito de desaparición forzada, que se aplica cuando los causantes de la desaparición son agentes del Estado, la PNC registró 14 denuncias y la Fiscalía, 28.

Si pensáramos, cosa que no es cierta, que la mitad de las denuncias de desaparición presentadas en la Fiscalía se resuelven con la aparición posterior de la persona, todavía tendríamos en El Salvador un promedio de 30 desapariciones al año por cada 100 mil habitantes, una cifra exorbitante que refleja una verdadera epidemia de desapariciones y que unida a la de homicidios nos ubica en una situación desastrosa en lo que respecta al cuido y protección de la vida. Aunque la cifra de homicidios haya ido descendiendo a lo largo de este año, los datos indican que seguirá superando por mucho los niveles de epidemia. Esta realidad es sin duda preocupante.

En la Fiscalía trabajan aproximadamente 2 mil personas; un poco más de la mitad en el área jurídica y el resto en la administrativa. A cargo de la investigación de casos hay unos 700 abogados. Y el número de víctimas atendidas en 2018-2019, según informe de la propia institución, pasa ligeramente de las 100 mil. La conclusión es clara: con tan escasos recursos, es imposible atender adecuadamente a ese gran número de víctimas. Además, en el mismo período, a los fiscales les tocó enfrentar 6,305 casos de violencia sexual. De estos, solo 659 (un poco más del 10%) llegaron a sentencia condenatoria. ¿Se puede vencer la tradicional impunidad de la agresión sexual machista con esos resultados?

Tras la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, el anterior fiscal general, Douglas Meléndez, creó un grupo de cuatro fiscales para dar seguimiento y llevar a juicio los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Y anunció que elevaría el número de abogados a 12. Pero el tiempo pasó y siguen los mismos cuatro aplicados y diligentes fiscales, enfrentando una tarea que claramente les sobrepasa. Reforzar la Fiscalía es indispensable si queremos abordar con eficacia tanto los crímenes del pasado como los del presente. Por mucho que manifestaran su voluntad de enfrentar el clima de delito y violencia, ni los Gobiernos anteriores ni la Asamblea Legislativa trataron de fortalecer adecuadamente la Fiscalía. Ya se verá si eso cambia en el presupuesto nacional de 2020.

El Salvador necesita fortalecer sus instituciones; dedicarles más recursos humanos y materiales, y transformarlas de modo que operen con agilidad, respeto y actitud de servicio a la ciudadanía, que es la que paga su funcionamiento. Mientras eso no suceda, la corrupción y el crimen continuarán siendo una plaga. Ya en algunas épocas de nuestra historia reciente, al igual que en la actualidad, ciertos delitos descendieron notoriamente. Después volvieron a subir. La intensificación de la mano dura puede en algún momento tener un éxito relativo, pero si las instituciones no se fortalecen, el delito vuelve a crecer. La ciudadanía debe observar con atención las cantidades que se dedican en el Presupuesto General del Estado al fortalecimiento institucional y reclamar a quien corresponda por el establecimiento de prioridades que no contribuyan a ese apuntalamiento.