Debilidad institucional

Aunque en El Salvador se suele presumir de una institucionalidad más desarrollada que otros países de Centroamérica, las instituciones democráticas nacionales son muy débiles. Por ejemplo, tomó 30 años hacer efectivo el derecho constitucional a la indemnización universal, legislado desde 1983. Solo se logró hacer real el derecho hasta que hubo una denuncia de inconstitucionalidad por omisión y la Sala de lo Constitucional le fijó un plazo a la Asamblea Legislativa para legislar sobre el tema. Así, el derecho constitucional fue real hasta el año 2014. También desde 1983 existe el derecho constitucional a indemnización por retardo judicial, pero aún no hay ley secundaria que lo materialice, a pesar de que el retardo judicial es un mal endémico en la judicatura, y más intenso cuanto más arriba se asciende hacia cámaras y salas.

La ley general de aguas lleva debatiéndose 14 años. Los convenios de derechos humanos, que tienen fuerza de ley en el país, son con frecuencia ignorados incluso por los jueces. En un contexto en que instituciones internacionales serias advierten que la pobreza aumentará 8 puntos porcentuales, llegando al 40% de los salvadoreños, el Estado no tiene capacidad de dar una respuesta estructural al problema. A lo más que se llega es a repartir bolsas de comida, con un claro interés electoral. Se podrá decir que esto es mejor que nada, pero El Salvador tiene la capacidad de erradicar el hambre, y por eso no hay que conformarse con poco. Se apuesta por soluciones inmediatistas y temporales a los problemas, sin establecer un diálogo serio de cara al largo plazo. Se prefiere pactar con las pandillas en vez de tratar la delincuencia como un problema social derivado de la desigualdad, la ausencia de trabajo decente, la poca calidad educativa y la pobreza.

La Presidencia de la República cita mal la Constitución y a la Asamblea no le importa olvidarla o interpretarla a su capricho. El sistema judicial, además de su lentitud y corrupción, emite sentencias con razonamientos equivocados sin preocuparse lo más mínimo por los errores. La Sala de lo Penal, por citar un solo caso, confunde en una sentencia reciente el daño inmaterial o moral con el material, negando a causa de esa confusión una indemnización a la familia de un sordomudo asesinado por un policía. Si aparte de los tres poderes del Estado se examinaran los sistemas educativo, de pensiones y de salud, tendrían que constatarse lo desiguales y reproductores de pobreza o de violencia que son. En el país existe un elitismo muy semejante al racismo.

Fortalecer la institucionalidad del país requiere de una voluntad clara de reforma y de afrontar a fondo los problemas económicos, sociales y culturales. Es necesario darse cuenta de una vez por todas que no basta con la democracia puramente formal. No solo porque ni siquiera está bien institucionalizada, sino porque la misma democracia no funciona bien si no va acompañada de una mayor participación de la población en la toma de decisiones y de un mayor respeto y promoción de los derechos humanos. Por supuesto, tampoco es suficiente el mercado para volver al desarrollo; hace falta corregir la tendencia a maximizar ganancia, combatir de verdad la corrupción y la evasión de impuestos, y reconocer la responsabilidad social de la propiedad.

Dadas las insuficiencias institucionales observadas en todo el mundo y los fallos cometidos en la gestión de la enfermedad, la pandemia de covid-19, insisten las agencias internacionales, puede ayudar a reformar los sistemas de convivencia. La pandemia ha afectado más duramente a los más pobres. Toca ahora plantearse un cambio serio, desde el dolor y la solidaridad, en esta sociedad que estaba ya enferma antes del coronavirus y que ha quedado más débil, produciendo más pobreza y desigualdad.