Desaparecidas, desaparecidos...

En El Salvador, la desaparición de personas es noticia diaria. Hasta el 31 de agosto se contabilizan 789 personas desaparecidas en 2021, un promedio de 3.3 cada día. El afán de las autoridades por negar esta realidad ha sido tal que el fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado, afirmó, pocos días después de tomar posesión de su cargo, que la Fiscalía General de la República ya no reportaría las denuncias de personas desaparecidas que recibe. El desinterés del Estado por combatir las desapariciones forzadas es evidente, y recuerda la actitud de las autoridades en la década de los ochenta: negaban el problema y daban la espalda a los familiares de los desaparecidos.

En administraciones pasadas, la Fiscalía General de la República elaboró protocolos e instructivos para la búsqueda de las personas desaparecidas, implementó el portal web “Alerta ángel desaparecido” y creó la Unidad de Personas Desaparecidas. Si hoy estas iniciativas no están dando los resultados requeridos es porque no se les saca provecho ni se les dedican los recursos necesarios. Frente a ese vacío y abandono, muchos familiares de desaparecidos no cejan en sus denuncias y han asumido el papel de investigadores, tratando de reunir las pistas que puedan llevarlos a dar con el paradero de su ser querido. Una búsqueda que no descarta la áspera perspectiva de concluir ante una de las cada vez más abundantes fosas clandestinas que se descubren en el país.

Fuentes de la Fiscalía señalan que desde diciembre de 2019, cuando se incluyó la desaparición forzada en el código penal salvadoreño, hasta mayo de este año, solo 40 casos han llegado a los tribunales, y apenas se ha logrado condenar a 14 personas por este delito. Estos datos son insignificantes ante las casi 1,500 víctimas de desaparición forzada en un año y medio, y dejan muy clara la impunidad de la que gozan los victimarios. Solo gracias a la constante lucha de muchas de las familias de personas desaparecidas es que se están dando pequeños avances, lo que está obligando a las autoridades a poner más interés en el tema. La demanda de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos es una: las instituciones del Estado salvadoreño deben asumir su responsabilidad en la prevención de este delito y la persecución del mismo.

En una reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada para tratar la desaparición forzada en El Salvador, un grupo de familiares y organizaciones de derechos humanos pusieron sobre la mesa la necesidad de contar con una base estadística que unifique los registros de la PNC, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La base permitiría tener certeza sobre el número de personas reportadas como desaparecidas y sobre los avances en cada caso, así como estudiar los patrones de las desapariciones, lo que facilitaría la investigación y la localización de las víctimas. Por su parte, la representación gubernamental ofreció crear mecanismos interinstitucionales para atender la problemática; abrir un espacio de diálogo con las víctimas, familiares e instancias de la sociedad civil que buscan a las personas desaparecidas; y trabajar con las organizaciones de derechos humanos. El terrible sufrimiento que la desaparición forzada está causando a miles de familias salvadoreñas obliga a que todas estas medidas sean puestas en práctica con urgencia.