Diez millones de sospechas

En una situación económica como la que atraviesa El Salvador, es ofensiva la ligereza con la que se habla de la pérdida de millones de dólares, como si fuera algo de poca monta. Mientras se condena a 5 años de prisión a un hombre por robar una vaca, a otro se le procesa por vender nueve huevos de tortuga y a otros se les castiga de por vida por amaños en el futbol, del robo de 40 millones de dólares destinados al ahora denominado bulevar Monseñor Romero se habla con una trivialidad pasmosa, como si solo fuera asunto de políticos en campaña y, por tanto, sin posibilidad de trascender la dinámica electorera.

Por otra parte, frente a la noticia del desvío de 10 millones de dólares en los que estaría vinculado el expresidente Flores, hay básicamente dos posturas. Desde la primera se dice que la cuestión es parte de la campaña electoral, para perjudicar al candidato de Arena, pues Flores es el asesor de campaña de Norman Quijano. Incluso se llega a decir que las acusaciones son falsas. Desde la segunda se sostiene que las campañas políticas son el momento privilegiado para sacar los trapos al sol y que, por tanto, es normal que en estos tiempos se ventilen estas acusaciones, y se les da credibilidad.

Que el Presidente de la República, a pesar de su investidura, ha entrado en el juego de la campaña electoral se da por descontado, como ya antes lo hemos afirmado en este espacio. Sería ingenuo pensar que las actuaciones de Mauricio Funes en este tema no tienen fines proselitistas. Pero los indicios del desvío de 10 millones de dólares no pueden tomarse a la ligera, y esto no debe dejarse pasar. Hay señales que obligan a tomar en serio estos señalamientos. El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, tuvo que renunciar al cargo de Secretario General de la OEA, diecisiete días después de haber sido elegido, para enfrentar a la justicia de su país por recibir sobornos de una empresa española de electrificación y por desviar dinero del Gobierno de Taiwán hacia sus cuentas personales. Finalmente, el expresidente tico fue encarcelado.

Otro exmandatario, pero de Guatemala, Alfonso Portillo, está preso en Estados Unidos por el delito de conspiración para lavar, durante su gestión, 70 millones de dólares en bancos norteamericanos; entre los que destacan 1.5 millones de dólares donados por Taiwán para proyectos para la niñez, según la fiscalía estadounidense. Y la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, no fue enjuiciada en su país únicamente porque la correlación de fuerzas en el Congreso le favoreció. Fue acusada de haber recibido un millón de dólares como regalo de cumpleaños de parte de Chen Shui-bian, quien gobernó la isla asiática entre 2000 y 2008. Precisamente este presidente taiwanés estuvo en funciones cuando gobernaron los tres mandatarios centroamericanos mencionados. Además, comparte con ellos la suerte de haber sido procesado en su país y encarcelado por corrupción. En su confesión, reconoció haber destinado parte del dinero malversado a "operaciones diplomáticas secretas".

Flores gobernó El Salvador entre 1999 y el 2004, coincidiendo con los tiempos del taiwanés y de los tres centroamericanos acusados de lucrarse ilegalmente. Estas coincidencias, por supuesto, no obligan a concluir que el exmandatario salvadoreño actuó de la misma manera, pero sí despiertan la suspicacia. Además, hay otros indicios que apuntan inequívocamente en esta dirección: el silencio del Gobierno estadounidense ante los señalamientos y, más aún, el progresivo distanciamiento de Arena y de Quijano del hasta hoy principal asesor de campaña. Un aspecto llamativo en este tema es que nadie ha dado una explicación convincente sobre lo que pasó con esos 10 millones de dólares. Una aclaración sustentada en pruebas sería el mejor antídoto para el cuestionamiento que se hace al expresidente arenero; pero las evasivas solo llevan a pensar que lo que pasó en los otros países del istmo también sucedió en El Salvador.