Los discursos presidenciales de cada 15 de septiembre se han convertido desde hace ya bastantes años en actos de propaganda gubernamental. Si fuera verdad todo lo que se nos dice, estaríamos caminando hacia el desarrollo a una velocidad insospechada. Pero la realidad sigue siendo triste y miserable en muchos aspectos, aunque no por ello tengamos que negar avances. En el discurso de Mauricio Funes de este mes se resaltan especialmente los avances, en parte exagerándolos, en parte disimulando lo que queda por hacer. Por eso mismo es indispensable, dentro del debate ciudadano, reflexionar brevemente sobre su contenido. Elegimos dos aspectos para nuestra reflexión: el descenso de los homicidios y las peticiones de perdón por los crímenes del pasado.
La realidad del descenso de los homicidios es innegable. Y aunque todavía seguimos estando con niveles de muerte catalogados como epidemia, la reducción es clara y de muchas maneras buena noticia para El Salvador. Sin embargo, al depender más de la buena voluntad de las maras que de los esfuerzos del Gobierno, la pregunta queda pendiente: ¿podrán las maras mantener los convenios a largo plazo, mientras la situación salvadoreña no cambie con cierta rapidez? Si el bachillerato se reserva solo para el 40% de la población en edad de cursarlo, será difícil que la criminalidad se contenga a niveles tolerables. Si el trabajo juvenil no se paga adecuadamente y no proporciona puestos de trabajo a quienes están en las maras, los problemas salvadoreños volverán a agudizarse. Si la desigualdad continúa siendo una plaga, y siguen conviviendo en cercanía permanente el lujo y la pobreza, las tensiones seguirán presentes. Si la corrupción, el amiguismo político para encontrar empleo y la dilapidación de recursos públicos se continúa dando en los puestos del Estado, el subdesarrollo seguirá clavando sus dientes en nuestra tierra.
El pacto entre las maras puede ser una oportunidad para comenzar a trabajar con más ahínco en otras dimensiones estructurales. Pero si las cosas siguen caminando en cámara lenta, como hasta ahora, la perspectiva de vencer el flagelo de la criminalidad no será realista. La apuesta por nuestra gente que Funes dice haber hecho es todavía tibia y lenta. Las reformas estructurales, aunque algunas bien encaminadas, son demasiado pequeñas para incidir en la terrible desigualdad que impera en El Salvador.
El segundo tema, el del perdón, es también polémico. En el caso de los jesuitas y sus colaboradoras, se hizo algo en la dirección correcta, que fue darles la orden Matías Delgado. Pero, en realidad, no se pidió perdón. Porque para ello había que pedirlo explícita y textualmente en calidad de Presidente y Comandante General de la Fuerza Armada, reconociendo que el crimen fue un acto institucional perpetrado y después encubierto por el Estado Mayor del Ejército y por el Ministerio de Defensa de aquel entonces. Mauricio Funes nunca dijo tales palabras. Con respecto a la mayoría de las recomendaciones sobre el Caso Jesuitas hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno actual se ha portado con el mismo cinismo que mostraron los Gobiernos de Arena. En el caso de El Mozote, las palabras de perdón del Presidente fueron más explícitas. Sin embargo, es una vergüenza que después de ese magnífico acto la tercera brigada de la Fuerza Armada en San Miguel siga ostentando el nombre de Domingo Monterrosa.
Con mucha claridad decía el Presidente en su discurso que la democracia consiste en estar al lado del pueblo y defender sus derechos. Pero no conviene presumir demasiado de algunas acciones cuando se realizan a medias. La administración Funes tendría que sentar las bases de la universalización del bachillerato en sus cinco años de gobierno, así como las de un sistema público de salud único. Faltan todavía muchos elementos democráticos y democratizadores como para pensar que se han hecho obras extraordinarias, aunque haya que reconocer que se han dado pasos en la dirección correcta. Ser humildes ayudará más a recorrer el camino que falta.