Educar para la seguridad vial

En El Salvador, morir en un accidente de tránsito es cada vez más probable. Según la Organización Panamericana de la Salud, los accidentes de tránsito registran 12.6 muertes por cada 100 mil habitantes; una cifra que supera lo que la entidad considera epidemia. Quizás este dato no resulte muy llamativo, pero significa que los accidentes de tránsito provocan una muerte cada 9 horas, lo que supone casi 3 fallecidos al día y cerca de mil al año. Sin duda, las cifras son altas; las muertes por accidente de tránsito representan la mitad de las que actualmente registra el país. Y esta pérdida de vidas podría evitarse si el Estado y la población tomaran cartas en el asunto, lo que también reduciría la alarmante cifra anual de lesionados, muchas de ellos de gravedad, con secuelas de por vida.

¿A qué se debe esta situación? La principal causa de los accidentes es la imprudencia y/o negligencia de los conductores. Manejar en estado de ebriedad, conducir a excesiva velocidad, irrespetar las señales de tránsito, distraerse al volante son las causas que las autoridades mencionan al tratar de explicar la plaga de accidentes de tránsito que sufre nuestro país. Pero los accidentes se facilitan por la falta de un control que garantice la seguridad en las vías públicas. Solucionar la problemática requiere del concurso de muchas acciones y de una decidida voluntad de las autoridades y de la sociedad entera. Por un lado, es necesario garantizar que toda persona que tenga licencia conozca a profundidad la Ley de Tránsito y circule respetándola. Además, toda violación debe ser sancionada sin excepciones y en proporción al peligro generado. En primera instancia, no se trata de endurecer más las leyes ni de aumentar el monto de las multas, sino de hacer que se cumplan y asegurar que los infractores paguen las sanciones impuestas.

La Ley de Tránsito se viola constantemente, pero solo una mínima parte de las infracciones son castigadas; en buena medida, porque la Policía de Tránsito brilla por su ausencia, y no hay quién sancione. Peor aún: apenas un 20% de las esquelas emitidas son canceladas. ¿De qué sirve tener una ley que no se hace cumplir?, ¿de qué sirve sancionar si no se exige el cumplimiento de la multa? Es un escándalo que año tras año se siga la costumbre de perdonarle esquelas a los buseros cuando muchos de ellos son los mayores y más frecuentes infractores. En este sentido, sería bueno analizar si la multa es el mejor método para sancionar a los que cometen infracciones. En muchos países ha resultado más efectivo obligar al infractor a asistir a una capacitación en educación vial o retirarle temporalmente la licencia en el caso de reincidencia y de las infracciones más graves.

La Asamblea Legislativa tiene —entre sus muchos temas pendientes de discusión— una propuesta de incrementar considerablemente el monto de las multas de tráfico. Difícilmente eso solucionaría el problema o tendría un impacto positivo en los conductores para un mayor respeto a la ley. Creemos que más bien provocará el efecto contrario: multas demasiado elevadas fomentarán la corrupción e incrementarán el incumplimiento del pago. De nuevo: la solución del problema pasa por un mayor control, por penalizar la reincidencia y por mejorar las normativas relacionadas con la seguridad vial de la población. Complementariamente, hay que emplearse a fondo en la educación vial, pero no solo de los que se ponen al volante, sino de toda la población. Sin duda, los conductores son responsables directos de la mayor parte de los accidentes, pero en algunos casos pesa también la actitud irreflexiva de peatones y pasajeros. Debería pensarse en la posibilidad de que las escuelas dedicaran todos los años un día a la educación vial, a fin de garantizar que desde la infancia se tenga conocimiento y respeto a las leyes de tránsito.

En suma, para disminuir los riesgos y los accidentes de tránsito, se requiere voluntad de todos, agentes sociales y políticos; y elaborar y aprobar una legislación adecuada en seguridad vial, fomentar la estricta observancia de esas leyes y asegurar la educación vial de la población. Solo así se podrán disminuir los accidentes de tránsito. Si esto no se consigue, miles de familias seguirán llorando la pérdida de sus seres queridos y los sistemas de salud tendrán que continuar haciendo frente al enorme costo que supone la atención a las lesiones y discapacidades ocasionadas por los accidentes de tránsito.