Que el verdugo no prevalezca sobre la víctima es una de las aspiraciones más antiguas de la justicia, y en buena parte su fundamento. Sin embargo, en el país se ha estado discutiendo si la reconciliación debe pasar por la impunidad o por la justicia. Mientras los victimarios pretenden condicionar la reconciliación a la impunidad de los verdugos, las víctimas exigen justicia proponiendo una legislación especial sumamente generosa para juzgar los crímenes del pasado. Solo piden que los victimarios reconozcan sus delitos, contribuyan a hacer verdad sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado y pidan perdón. Los victimarios han construido una ley llena de excepciones dentro del ordenamiento jurídico; las víctimas, en contraste, se apoyan en la legislación vigente para ofrecer reducciones de penas a quienes den el primer paso de toda reconciliación: la petición de perdón. Esta semana, la Asamblea Legislativa examinará las dos propuestas.
En la ley favorable a los victimarios, nunca adecuadamente consultada con las víctimas, se afirma que solamente podrán ser juzgados quienes participaron directamente en crímenes de lesa humanidad; en otras palabras, solo se permite juzgar a los autores materiales, dejando en la impunidad a los autores intelectuales, que tanto en el Ejército como en el FMLN dieron órdenes ilegales de asesinar inocentes. En el caso de la propuesta de las víctimas, los soldados y mandos bajos podrían acogerse a la condición de testigos criteriados y liberarse de la pena de cárcel en la medida en que colaboren con la justicia. A los jefes y dadores de órdenes, generalmente los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, se les ofrece la posibilidad de tener juicios abreviados en los que la sentencia de prisión podría reducirse hasta un quinto, es decir, seis años en lugar del máximo de treinta que determinaba la ley vigente en el momento en que se cometieron los crímenes. Eso sí, con la condición de que contribuyan al establecimiento de la verdad y pidan perdón a la víctimas.
La ley de los victimarios y sus amigos tiene un buen número de artículos dirigidos a garantizar la impunidad. El hecho de que el Fiscal General pueda determinar qué crímenes de lesa humanidad se juzgarán y cuáles no resulta escandaloso. Que la indemnización solo pueda alcanzar el 20% del patrimonio líquido de los victimarios vencidos en juicio, sin tocar el patrimonio general —muy abultado, en algunos casos—, muestra una parcialidad exagerada. Además, dado que solo se juzgaría a los hechores materiales, la inmensa mayoría de ellos, gente pobre, hablar de patrimonio líquido resulta ridículo. Tampoco faltan las contradicciones. En una parte de la propuesta de ley se lee que los crímenes de lesa humanidad que no sean incluidos en la lista del Fiscal General serán tratados en conformidad con un artículo, el 16, que atiende otro tipo de delitos. En otras palabras, los delitos de lesa humanidad presentados posteriormente a las fechas propuestas por los victimarios y sus amigos serán abordados como si no fueran delitos de lesa humanidad. El concepto jurídico, si es que lo hay, tras ese tipo de contradicción es aberrante. Todo ello explica la reacción a nivel mundial contra esta propuesta de ley.
Mostrando su altura moral, las víctimas proponen una justicia con ofertas generosas de reducción de las penas. En el pasado, los victimarios no le dieron la oportunidad de sobrevivir a niños, mujeres, ancianos, curas, monjas. Hoy, las víctimas les dan la oportunidad de redimirse si reconocen la verdad y piden perdón. Don Quijote, en el libro universalmente conocido de Miguel de Cervantes, le dice a Sancho Panza, próximo a ser gobernador de una isla: “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia”. Frente al afán de los victimarios y sus amigos de otorgar dádivas a los verdugos, las víctimas inclinan la balanza con el peso de la misericordia.