En El Salvador, la salud no es un derecho

El artículo 65 de la Constitución afirma que “la salud de los habitantes de la República constituye un bien público […] el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento”. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud confirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”, entendiendo la salud como “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” (una perspectiva integral y holística de la salud humana que frecuentemente es dejada de lado).

Para conocer a cabalidad el estado de la salud en El Salvador, establecer los planes pertinentes y coordinar acciones interinstitucionales, hacen falta estudios que midan periódicamente el nivel de bienestar físico, mental y social de la población. Dichos estudios tendrían que ser promovidos por el Ministerio de Salud. Ante la falta de ellos, al hablar de salud esta se reduce a la atención que brindan los centros de salud y hospitales públicos.

Mucho hace falta para poder afirmar que en el país la salud es un derecho fundamental, tal como se lee en la Constitución y ha ratificado la Sala de lo Constitucional. Volver a este asunto no es banal ni gratuito. A pesar de la propaganda oficial que pregona la mejora cualitativa del sistema de salud público, la realidad es otra. Por ejemplo, la falta de medicamentos es un mal endémico en el sistema de salud nacional. Y en las farmacias el precio es elevado, muy por encima del nivel de otros países. Y como ese hay otros problemas de igual o mayor gravedad. El aparato público de salud salvadoreño no cumple con tres de las principales características que de acuerdo a la OMS debe tener todo sistema para responder al derecho a la salud: disponibilidad, accesibilidad y calidad.

Además, la administración Bukele le ha negado a la ciudadanía la posibilidad de conocer el plan nacional de salud, el cual ha sido declarado en reserva en cuatro ocasiones, la última el 13 de septiembre de 2022 y por un período de dos años; es decir, no podrá ser conocido hasta septiembre de 2024, fecha en la que El Salvador habrá iniciado otro período presidencial. Poner bajo reserva el plan que debería garantizar la salud de todos los salvadoreños es un modo de afectar el derecho a la salud, pues impide tanto a los galenos como a la población en general conocer las líneas generales del trabajo del Estado en dicha materia.

Son los usuarios y los sindicatos del sector público de salud quienes señalan las múltiples deficiencias del sistema. Un sistema que muestra señales de haber colapsado tanto por falta de medicamentos, equipos y personal cualificado como por problemas de gestión y administración, que llegan hasta el extremo de que no se paga oportunamente las horas de trabajo extra. También médicos connotados, con prestigio a nivel nacional e internacional, han señalado que el sistema público de salud está enfermo, incluso moribundo. A su juicio, para salvarlo se requiere de una política de Estado, de largo plazo, que responda de manera efectiva a la desastrosa situación actual. Sin embargo, las más altas autoridades niegan esta realidad, actúan de forma autoritaria y se niegan a dialogar con aquellos que más saben sobre salud: el Colegio Médico de El Salvador, el cual puede aportar mucha experiencia y conocimiento en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas existentes en esta área.

Jugar con la salud es jugar con la vida de la gente, es negar un derecho humano y, sobre todo, es mostrar desprecio por el bienestar de todo un pueblo. La cuestión es lo suficientemente importante y valiosa como para abandonar caprichos y protagonismos, buscar el diálogo y facilitar la participación de los que saben y tienen mucho que aportar para que el derecho al más alto nivel de bienestar físico, mental y social no siga siendo una quimera en nuestro país.