En honor de los defensores de derechos humanos

Cada 26 de octubre se celebra en El Salvador el Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos. La fecha es importante para que la ciudadanía tome conciencia del asunto. De hecho, surgen cada vez más grupos que, desde diferentes ópticas e intereses, defienden los derechos que garantiza la Constitución. Ecologistas; defensores de juventud en riesgo, de indígenas, de los derechos de la mujer o de víctimas de abusos estatales; y organizaciones de búsqueda de desaparecidos, entre otros, se asocian, cada uno desde su campo y experticia, para proteger los derechos de la población. Después de tantos y tan numerosos casos de violaciones a derechos básicos, especialmente durante la guerra civil, el tema de los derechos humanos, que parecía patrimonio de instituciones, es asumido por diversos sectores sociales. Ello resulta esperanzador, porque los derechos humanos son una moral externa al poder, que crea cultura de paz.

La tarea de defenderlos no es fácil, y por eso la celebración del 26 de octubre debe mover a la reflexión. En el pasado, el Ejército fue el mayor violador de derechos humanos. Una petición de perdón al pueblo salvadoreño frente al mural de víctimas del parque Cuscatlán, realizada por la Fuerza Armada como institución, sigue siendo una deuda pendiente. La actual negativa a la orden judicial de abrir los archivos militares y las ridículas razones dadas para no hacerlo muestran que la Fuerza Armada sigue poniéndose al margen del respeto a los derechos humanos, y con ello está jugando contra la historia. Tal vez algunos de sus líderes piensan que la frase del general Manuel José Arce “El Ejército vivirá mientras viva la República” les protege eternamente. Pero si entendemos “república” como el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo y partimos de la persona como el valor fundamental al que debe servir el Estado, los militares que dificultan o impiden que se haga justicia a las víctimas están destrozando y atentando contra la República. Si es cierta la frase de Arce, el Ejército puede dejar de existir si daña a la República. No faltan jóvenes que piensan de esa manera.

Por lo general, quienes definen los derechos humanos son muy pragmáticos. No les interesa tanto la política cuanto el respeto a los derechos de la gente, más aún de los más débiles. Los jóvenes de hoy, aunque apoyan la justicia contra los crímenes del pasado, suelen criticar con más facilidad los abusos que cometen agentes de la PNC o soldados. Evidentemente, si no se desarrolla en los tres poderes del Estado una cultura seria de derechos humanos, esa moral externa al poder buscará cambios y propuestas que las viejas generaciones dominantes no parecen entender.

El Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos nos invita al diálogo. En un Estado laico, los derechos humanos son siempre la moral a seguir. El hecho de que la juventud se interese por esta moralidad, que tiende a hacerse cada día más universal, es un buen signo. El primer artículo de la Constitución les da la razón en su esfuerzo y trabajo. Militares, jueces, diputados y funcionarios de los diferentes órganos del Estado, que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, deben estar abiertos no solo a respetar los derechos humanos, sino a impulsarlos y tenerlos como objetivo de convivencia nacional. De lo contrario, la capacidad de alcanzar acuerdos y la amistad social, necesarios para el desarrollo, serán devorados por la marea de insultos, trampas, desconfianzas y desprestigios que está poniendo en peligro nuestra convivencia democrática.