Escuela de trampas

En 2016, la Sala de lo Constitucional pidió, al mismo tiempo que declaraba inconstitucional la ley de amnistía de 1993, que se aplicaran lineamientos de justicia transicional a los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil. La actual Asamblea Legislativa decidió formar una comisión ad hoc para supuestamente implementar dichos lineamientos. La comisión se formó con cinco diputados, cuatro de ellos vinculados directa o indirectamente con graves violaciones a derechos humanos. Y en estos días se dio a conocer un borrador de lineamientos atribuido al presidente de la comisión, Rodolfo Parker, acusado él mismo de manipular declaraciones de testigos con el fin de proteger al Estado Mayor de la Fuerza Armada en su vinculación con la masacre en la UCA.

Ya desde los tiempos de la guerra, estos cuatro miembros de la comisión, junto con otras personalidades del momento, se dedicaron a hacer trampas en el tema de derechos fundamentales de las personas. En aquella época, afirmaban que solo el bando contrario violaba derechos humanos. Ahora, continúan mintiendo. Están a favor de la amnistía de crímenes imprescriptibles, pero usan el vocabulario de la justicia transicional para justificar sus intenciones. Por supuesto, no toman en cuenta a grandes exponentes del pensamiento internacional sobre justicia transicional, como Kofi Annan o Ban Ki-moon, ex secretarios generales de las Naciones Unidas. Annan exigió ante la Asamblea General de la ONU que “se rechace la amnistía en casos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, incluidos los delitos internacionales relacionados con la etnia, el género y el sexo, y se garantice que ninguna amnistía concedida con anterioridad constituya un obstáculo para el enjuiciamiento ante cualquier tribunal creado o asistido por las Naciones Unidas”.

Insistía, además, en que “los acuerdos de paz aprobados por las Naciones Unidas nunca puedan prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra, o de lesa humanidad o infracciones graves de los derechos humanos”. En esa línea, la amnistía decretada en 1993 en El Salvador constituyó una auténtica traición a la ONU. Años más tarde, Ban Ki-moon repetía que la justicia transicional es fruto de los esfuerzos “para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación”. “Rendir justicia” son palabras que no están en el diccionario ni en el vocabulario de la comisión ad hoc, como tampoco en la mente de algunos de los juristas consultados por ella. Ante esto, no hay duda de que una comisión internacional contra la impunidad le haría gran bien al país y a su universo jurídico-legal.

La comisión ad hoc afirma que consultó a “prestigiosos juristas” y que estos coincidieron en mostrarse favorables a una amnistía. Doble mentira, porque ni todos eran “prestigiosos”, ni todos ampararon la idea de otra amnistía. Los que sí lo hicieron tienen la fama que les han dado los medios de comunicación favorables a la impunidad de los delitos del pasado. Dos de ellos, Mario Solano y René Hernández Valiente, fueron magistrados de la Sala de lo Constitucional, y desde ese rol evidenciaron una clara complacencia con la ley de amnistía y una evidente indiferencia ante los crímenes de lesa humanidad. Frente a otros juristas que defendieron la necesidad de hacer justicia, con penalidades incluidas, la comisión optó por la ignorancia y la tendencia al prevaricato de gente como Solano y Hernández Valiente.

La comisión ad hoc es incapaz de reconocer sus errores y, más grave aún, no sabe leer la historia de El Salvador desde la clave del “nunca más”. No busca verdad ni reconciliación, sino impunidad. En las sociedades democráticas, la verdad sobre crímenes debe ser siempre examinada, aceptada como tal y juzgada por tribunales de justicia. La justicia transicional implica además reconocer las causas personales y estructurales de la violencia para superarla. Busca desterrar de las mentes la polarización política que lleva a la manipulación de la historia y a construir aberraciones conceptuales como llamar héroes o salvadores de la patria a personas que violaron derechos humanas. La comisión, plagada de aporofobia, se preocupa más de los victimarios que de las víctimas. Y sus consultores preferidos, abogados subyugados por quienes tradicionalmente abusan del poder, no hacen más que prolongar la escuela de trampas que mantiene a El Salvador en el subdesarrollo.

Es fundamental disolver esta comisión y crear una nueva con diputados con un pasado limpio en el campo de los derechos humanos. Y también formar un grupo de asesores que sepan de justicia transicional y de las obligaciones del Estado con respecto a los derechos humanos, derivadas tanto de la legislación interna como de los tratados internacionales asumidos y ratificados por El Salvador.