Falsas soluciones

El concepto de dignidad humana aún resulta muy difícil de aplicar de un modo universal a todas las personas. El doctor Salvador Moncada, prominente investigador hondureño, dijo recientemente en la Academia Pontificia de Ciencias que el covid-19 afecta con más fuerza a quienes tienen problemas cardíacos, a los diabéticos y a los pobres. Mientras los dos primeros grupos corresponden a problemas fisiológicos (con cierta frecuencia genéticos), la pobreza es una enfermedad social curable. A pesar de las grandes declaraciones y nobles intenciones —presentes en la mayoría de Constituciones políticas— sobre la igual dignidad de las personas, el trabajo por su respeto suele excluir a amplias capas de la población, dejándolas en la pobreza.

En el país, la Constitución reconoce la igual dignidad humana, pero la realidad dice otra cosa. La indiferencia o el paternalismo hipócrita de las élites frente a la pobreza es una señal clara de lo poco que se respeta la dignidad de todos los salvadoreños. Por otra parte, a pesar de la intensa lucha de muchas mujeres para defender sus derechos, continúan presentes conductas y modos de convivencia que ofenden, rebajan o menosprecian la dignidad de ellas. La cifra anual de violaciones contra mujeres y niñas prueba que algo anda muy mal en nuestra sociedad. Además, tanto entre letrados e iletrados, como entre militares y civiles, policías y ciudadanos, pobres y ricos existe la tendencia a establecer diferencias que dañan la igual dignidad de la persona humana. Y esa tendencia se intensifica cuando se trata de personas privadas de libertad. En este caso, a la consideración de inferior dignidad se añade desprecio, odio y espíritu de venganza.

Este tipo de cultura ha favorecido el apoyo a un lenguaje partidario populista que no oculta modos de proceder contrarios a la convivencia democrática. Y no es de extrañar que el populismo autoritario tenga éxito cuando los poderes del Estado, institucionales y de facto, han marginado con frecuencia y facilidad el respeto a la dignidad humana de una buena parte de la población. Mucha indignación causó, y con toda razón, la toma de la Asamblea Legislativa por parte del presidente de la República, respaldado por el Ejército y la Policía. Sin embargo, no genera mayor reacción que los diputados hayan propuesto una ley de seguridad nacional con abundantes resabios del autoritarismo militar del pasado. Si el populismo no es la solución para los problemas sociales, el militarismo tampoco, menos cuando la Fuerza Armada es experta en despreciar la dignidad de las víctimas de la guerra civil.

El populismo autoritario que ha caracterizado a casi todos los partidos desde la firma de la paz ha sido superado en el dicho y en el hecho por el Gobierno actual. El país no debe volver a un pasado populista ni labrar su futuro sobre un autoritarismo incapaz de respetar a todas las personas. La conversión tanto de las élites como de la ciudadanía en general a una firme y coherente creencia en la igual dignidad humana es la única ruta hacia un desarrollo equitativo y justo. El esfuerzo de la sociedad civil en este aspecto es determinante, como también reconocer y transformar todas aquellas situaciones lesivas a los derechos humanos.