Fonat, en suspenso

Mucha tinta se ha vertido sobre la admisión por parte de la Sala de lo Constitucional de una demanda de inconstitucionalidad contra el Fonat. La Ley Especial para la Constitución del Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito encontró tropiezos y oposición desde antes de nacer. Luego, fue aprobada sin los votos de Arena el 14 de diciembre de 2012 y entró en vigencia hasta el 15 de abril de este año. Y los pagos requeridos por la Ley al momento de refrendar la tarjeta de circulación de los vehículos comenzaron a aplicarse en mayo, es decir, hace poco más de dos meses. La admisión de la demanda fue firmada por los cuatro magistrados ya conocidos de la Sala y con ella se suspendieron los cobros que se estaban haciendo, hasta que la demanda sea resuelta.

Las reacciones abundan, y como ya es tradición, en el centro de estas están los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. El Presidente de la República los acusa de coincidir, de nuevo, con la agenda de Arena y de estar empeñados en obstaculizar los últimos meses de su gobierno. Sectores críticos de la actuación de la Sala desde 2010 respaldan esa acusación. Y los medios de comunicación afines al principal partido de oposición han dado una inusual cobertura a las declaraciones de los magistrados, lo que refuerza los señalamientos de los primeros.

La admisión de la demanda se da en un ambiente electoral que contamina de intereses partidarios todo lo que se dice y se hace. Precisamente, la mayoría de reacciones discuten la supuesta inclinación política de los magistrados, dejando de lado la motivación que originó al Fonat. No se pueden cerrar los ojos ante el hecho de que en El Salvador, con un parque vehicular de 800 mil unidades, hay más accidentes que en ciudades con mayor número de vehículos. De acuerdo a las estadísticas oficiales, cada día ocurren en promedio 56 accidentes de tránsito, en los que mueren tres personas y 24 resultan lesionadas. En 2012 sobrepasamos los 22 mil accidentes de tránsito, que dejaron 997 compatriotas fallecidos y más de 8 mil lesionados. A estas dramáticas cifras hay que agregar que cerca del 60% de los muertos en accidentes de tránsito son peatones, por lo general de escasos recursos.

La cultura o, mejor dicho, la falta de cultura de la solidaridad hace que casi siempre los causantes de los accidentes desaparezcan, dejando sobre las espaldas de los familiares de sus víctimas, además de dolor, la responsabilidad de hacerse cargo de los gastos de la atención hospitalaria o de la defunción. En algunos de los casos en que los hechores son capturados, se ha visto cómo por 500 dólares se compra la libertad, con la complicidad de las autoridades respectivas. Entendemos que el espíritu del Fonat era poner remedio a este patrón de irresponsabilidad en el país. Ya en 1996 se aprobó, aunque nunca se implementó, el seguro obligatorio que exigía la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El Fonat pretendía sustituir a esa normativa para resarcir a las víctimas de los accidentes de tránsito o a sus familiares. Quizás la medida no sea la mejor, pero daba alguna solución a una realidad que no puede seguir sin ser atendida.

Los intereses electorales de los partidos y la estrechez financiera que atraviesa el Gobierno matizan las reacciones a la admisión de la demanda. Los magistrados se defienden diciendo que ellos toman decisiones al margen de agendas partidarias, pero deben estar conscientes, como lo han expresado en otras ocasiones, que sus decisiones tienen una inevitable connotación política. Los grandes medios de comunicación, cuando determinados hechos coinciden o pueden coincidir con sus agendas político-partidarias (porque ellos sí las tienen), aumentan la cobertura en la medida que ello abona a los intereses que defienden. Los magistrados deben seguir ejerciendo su trabajo apegados a la Constitución, pero estando conscientes de las manipulaciones de las que pueden ser objeto. Sin duda, las reacciones a la actuación de los magistrados continuarán, al igual que el enfrentamiento entre poderes del Estado. Lo que no se debe perder de vista en este y en otros casos es a la ciudadanía, que queda en medio de los conflictos y es la víctima directa de las decisiones de los de arriba.