¿Hay valor para implementar una verdadera reforma fiscal?

Desde hace años se sabe que la fiscalidad de El Salvador está comprometida y que, por tanto, se necesita una profunda reforma que corrija los cada vez más pronunciados desequilibrios. Sin embargo, ningún Gobierno ha tenido la lucidez y voluntad política de implementarla; la tónica ha sido siempre, como en muchas otras cosas, poner parches y postergar las soluciones. Ante el hecho de que al Gobierno no le alcanza el dinero, la derecha empresarial aboga por eliminar la “grasa” del Estado, lo que quiere decir que este no necesita más ingresos, sino reducir sus gastos, lo que también es una manera de reiterar que el sector no está dispuesto a pagar más impuestos. Y cuando organismos financieros internacionales han reconocido que una reforma fiscal es impostergable, entonces las élites económicas han planteado aumentar el IVA, el impuesto que golpea más de frente a la población de bajos ingresos.

Frente a la propuesta de introducir un IVA diferenciado que exima de impuestos a la canasta básica y a las medicinas, y grave más a los bienes suntuarios, la derecha ha rechazado la idea aduciendo que sería muy complicado aplicar esa diferenciación. La realidad es que el Estado no tiene los dineros necesarios para impulsar las transformaciones sociales requeridas para reducir la desigualdad y la exclusión que están a la base de muchos de los males que padecemos. Evidentemente, hay que eliminar la corrupción y usar bien los recursos, pero es innegable que el Estado no obtendrá más ingresos si no se combate la evasión y la elusión fiscal, y se implementa una verdadera reforma tributaria.

Siendo candidato, en octubre de 2018, Nayib Bukele dijo que el neoliberalismo era parte del pasado y aseguró que haría que los ricos paguen más y los pobres, menos. Anunció que implementaría una reforma fiscal integral, consensuada con todos los sectores y sustentada en dos premisas básicas: por un lado, la modernización de la recaudación y, por otro, la progresividad del sistema. ¿Por qué no le quitamos el IVA a la canasta básica y le ponemos un IVA más alto a los artículos de lujo?, se preguntó el entonces candidato. Precisamente esto es lo que hasta la fecha se han negado hacer todos los Gobiernos. No lo han hecho porque han defendido los intereses de las élites o porque han tenido miedo del costo político que irremediablemente acarrea toda reforma impositiva. Pero no habrá un El Salvador más democrático, más inclusivo y menos violento si no se emprende una reforma fiscal.

Costa Rica ha demostrado que se puede. Después de 30 años de estar en la agenda de discusión la necesidad de una reforma fiscal para detener el deterioro de las finanzas públicas, el Gobierno de Carlos Alvarado presentó una propuesta que fue aprobada por el Congreso costarricense en diciembre del año pasado. Costa Rica convirtió el impuesto del 13% a las ventas en un IVA de la misma tasa, pero gravó los servicios y de manera diferenciada algunos productos, como los de la canasta básica (con el 1%), los medicamentos (2%) y los servicios privados de salud (4%). Es decir, nuestro vecino implementó un IVA diferenciado. Ciertamente, la reforma fue muy cuestionada y ello ha deteriorado la imagen de Alvarado entre sus connacionales, pero el pasó se dio.

¿Puede caminarse en ese sentido en El Salvador? ¿Está dispuesto Nayib Bukele a perder popularidad en nombre de la justicia social y económica, y el futuro del país? Aún se está a tiempo de rectificar el rumbo; de hecho, la ruta la trazó el propio Bukele durante su campaña presidencial. Solo es cuestión de cumplir lo dicho e iniciar el proceso que conduzca a la aprobación de la reforma.