Hipocresía

El papa Francisco, en octubre de 2016, explicaba que “la hipocresía es una división interna. Se dice una cosa y se hace otra. Es una especie de esquizofrenia espiritual”. Añadía que “el hipócrita es un simulador. Parece bueno, cortés, pero detrás tiene un puñal”. Esta cita del papa encaja muy bien con la forma y el modo con los que los Gobiernos de El Salvador han tratado a los privados de libertad en los centros penales, y es especialmente acorde con las medidas implementadas por la nueva administración.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública afirma que todas sus acciones están encaminadas a hacer que se respete la ley, pero es el primero en violarla. El ejemplo más claro es la prohibición de ingreso a los centros penales impuesta a los abogados defensores. Lo único que denota esta medida es nulo conocimiento legal. En un proceso penal, uno de los derechos por excelencia es el derecho de defensa. Pero no solo para garantizar que la persona procesada tendrá asistencia técnica, sino para asegurar que la víctima tendrá justicia. Un proceso que se lleva cabo sin todas las garantías puede resultar nulo, causando la libertad del acusado.

Si la preocupación de las autoridades por las pandillas fuera cierta, deberían ser los primeros interesados en velar por que los pandilleros no quedaran en libertad por un hecho formal, como la vulneración de su derecho a la defensa durante el proceso. La mejor forma de asegurar una condena es cumpliendo con lo establecido por los tratados internacionales de derechos humanos, que son ley de la República, no conminando a los jueces a que tomen partido y avalen al Gobierno en sus decisiones. El sistema judicial debe estar a favor de la justicia y del debido proceso; de lo contrario, y bajo la lógica de que el fin justifica los medios, desaparecerá el Estado de derecho y todos perderemos la garantía de que nuestros derechos serán respetados.

Otra paradoja es que no se haya tenido reparo en nombrar como director de Centros Penales y viceministro de Justicia a una persona que se ha pronunciado públicamente a favor de la pena de muerte. Ello es preocupante y contradictorio con la tarea que se le ha confiado, pues estar a favor de la pena capital supone el convencimiento de que los delincuentes, dado que no son capaces de cambiar ni de rehabilitarse, no merecen vivir. Esto cuando la rehabilitación es la función que por Constitución le corresponde al sistema penitenciario. Sin duda, ese convencimiento tendrá implicaciones importantes en la manera de conducir las cárceles y en el trato que se le dé a los internos.

Es difícil entender cómo se vela por la rehabilitación y reinserción de las personas que han sido condenadas cuando a la vez se les prohíbe todo contacto con el exterior. ¿Por qué se ha dejado de aplicar el Programa Yo Cambio si se ha reconocido que funcionaba bien? ¿Cómo se puede afirmar que se respeta la dignidad humana si se hace circular fotografías y videos que no parecen tener otro propósito que generar regocijo por la humillación de los retratados? La incoherencia no parece ser un problema en todo esto.

Si estos señalamientos desatan nuevas acusaciones de que se está a favor de los delincuentes, se constatará que sigue vigente la anacrónica política de criminalizar a los defensores de derechos humanos y a aquellas personas e instituciones que tienen visiones y opiniones distintas a las oficiales. Una política que no tiene nada de nuevo, pero sí mucho de antidemocrática.

En este contexto, es oportuno recordarles a las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública unas palabras de Nelson Mandela, el gran líder sudafricano que sufrió prisión durante 27 años: “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por como trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por como trata a los que tienen poco o nada”.