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Ni una semana ha transcurrido desde la toma de posesión de los nuevos gobernantes y ya la gran empresa privada les hizo el primer reclamo por la denominada reforma fiscal. Antes de su salida, el Gobierno de Mauricio Funes planteó tres medidas tributarias, que han sido retomadas por la actual administración: un impuesto a las transferencias monetarias superiores a $750, un impuesto a bienes suntuosos y el impuesto a periódicos. Más allá de si estas medidas son las más adecuadas y constituyen la reforma fiscal que necesita El Salvador, la reacción de la empresa privada es la que cabía esperar. Ahora le reclama al Gobierno no haber incorporado modificaciones supuestamente acordadas en una reunión que tuvieron en mayo. La verdad sea dicha, en nuestra cultura, todo impuesto es impopular, pero no todos tenemos las herramientas ni los medios para resistirnos a pagarlos.
En la historia salvadoreña, el gran capital siempre ha sido renuente a pagar impuestos y casi siempre ha tenido éxito en dejar de hacerlo. Para eso, se ha valido de todo tipo de tácticas, desde hacer que el poder político esté a su servicio hasta usar su poderío económico y mediático para mover a su favor a la opinión pública. Actualmente, los grandes empresarios rechazan los impuestos porque dicen ser los mayores contribuyentes al fisco y que, por tanto, no deben pagar más. Pero de forma paralela, han emprendido una intensa e inescrupulosa campaña en los medios de comunicación para hacerle creer a la sociedad que los impuestos anunciados los pagarán al final los más pobres. En el fondo, lo que explica todo es la tradicional resistencia del gran capital a aportar lo justo para mejorar las condiciones de vida de los demás. Son incapaces de renunciar a una porción de sus abultadas ganancias para bienestar de la sociedad. Y esto, como ya se dijo, siempre ha sido así en el país.
El café y el añil representaban en el siglo XIX alrededor del 82.8% de las exportaciones, pero en conjunto apenas contribuían con el 2.5% de lo que sumaban los impuestos al comercio exterior; el 97.5% de estos ingresos provenía de impuestos a la importación. Recientemente, el estudio Icefi-BID de 2009 reveló que, según la información entregada por el Ministerio de Hacienda, el 10% de los hogares más pobres de El Salvador pagó al Estado en concepto de impuestos 30 dólares por cada 100 que ingresó; en el otro extremo, el 10% de los hogares más ricos pagó solo 11 dólares por cada 100 recibidos. Es decir, en El Salvador, las personas que tienen menos dinero son las que pagan más impuestos. Aunque en el discurso la gran empresa privada dice defender el bien común, en realidad solo quiere aumentar sus riquezas y privilegios.
El Presidente de la ANEP ha criticado en varias ocasiones los subsidios para los más pobres por considerarlos inefectivos y populistas, y porque, según él, el 20% de la población no los recibe. Lo que no dice ni dirá el empresario es que en la historia salvadoreña los sectores más poderosos han usado al Estado para su conveniencia y han formulado una política fiscal a su medida. Después de terminada la guerra, los Gobiernos de Arena le quitaron impuestos a los ricos y obligaron al pueblo a pagar más. Eliminaron los aranceles a la exportación del café y del azúcar, el impuesto al patrimonio y redujeron el impuesto a la ganancia empresarial; y en la vía contraria, crearon el IVA, que paga toda la población. Así, se estima que hay más de veinte leyes que permiten a los empresarios no pagar impuestos; eluden con la ley de turismo, con la de zonas francas, con la de semillas.
Los subsidios a los servicios, tan criticados por la ANEP y compañía, son casi nada si los comparamos con las prebendas y exenciones que el Estado ha dado y da a la gran empresa privada. Los grandes empresarios ciertamente manejan la mayor proporción del ingreso nacional, pero no son los mejores contribuyentes del país. Y no a todos les está yendo mal en estos tiempos. La revista Forbes incluye entre los doce multimillonarios de Centroamérica a dos conocidos empresarios nacionales. Según la ONG Global Financial Integrity, entre 2001 y 2010, la gran empresa salvadoreña invirtió 8,700 millones de dólares en el extranjero. Y a la vez que existe esa enorme riqueza entre unos pocos de nosotros, El Salvador enfrenta enormes retos sociales y necesita muchos recursos si quiere superarlos. El nuevo Gobierno, en lugar de tímidas medidas tributarias, debería implementar una política fiscal progresiva, en la que por fin paguen más los que ganan más. En contrapartida, para avanzar en la confianza ciudadana, debe garantizar la transparencia en el uso correcto de los recursos, combatir sin contemplaciones la corrupción y demostrar que los impuestos son invertidos en obras y servicios de buena calidad para la población salvadoreña.
