Interés por la sumisión

Al fin se ha logrado que haya Consejo Nacional de la Judicatura y Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Al frente de la Procuraduría se ha puesto a una persona con experiencia, pero la conformación del Consejo obedeció a un simple reparto partidario de cuotas. En el discurso previo al nombramiento se insistió en que no se decidiría en función de cuotas; la realidad fue otra: de los siete candidatos elegidos, tres los propuso el FMLN, tres Arena y uno GANA. Al final, el acuerdo entre estos partidos fue votar por todos los candidatos propuestos por cada uno de ellos. Casi simultáneamente, los medios dieron a conocer que se está investigando a 700 jueces. El hecho de que se acumulen tantos casos significa que o bien hay demasiadas irregularidades, o que la retardación judicial es hábito entre quienes tienen la responsabilidad de dar pronta y debida justicia. Como sea, 700 casos pendientes indican que algo serio está fallando en el órgano judicial. ¿Cuál es la causa?

A veces nos encontramos con espléndidas sentencias u opiniones de la Sala de lo Constitucional que simple y sencillamente se quedan ahí: son buenas, pero tienen escaso efecto. Cuando se dice que en los juicios hay que fijarse más en la víctima que en el victimario, se afirma una verdad elemental. Sin embargo, la Fiscalía se dedica con fruición a impulsar casos con testigos criteriados, a los que se les conceden ventajas penales a cambio de que acusen a sus compañeros de delito. ¿Le preguntan los jueces a las víctimas si están de acuerdo con esa estrategia fiscal en la que participan algunos de sus verdugos? ¿O más bien salen sobrando? Sobre todo en casos graves, por respeto a la dignidad y al dolor de las víctimas, no debería admitirse testigos criteriados. En otro orden, aunque los magistrados digan con toda razón legal y democrática que la presunción de inocencia exige que en la mayoría de los casos judiciales los imputados sean juzgados en libertad, la Fiscalía casi siempre pide prisión preventiva. Y pocos jueces se atreven a desafiarla, aun a sabiendas de que esa solicitud fiscal va contra las normas y los procedimientos de un sistema judicial democrático.

Por su parte, el Ejecutivo, en vez de ser respetuoso, se entromete peligrosamente en temas jurídicos. Y alarma en exceso esa especie de persecución que ha iniciado el FMLN contra los miembros de la Sala de lo Constitucional. Es obvio que cualquiera puede expresar disconformidad con los fallos de un tribunal. Pero lanzar acusaciones sin más fundamento que el resentimiento de algo que desagrada al poder no es digno de políticos civilizados. Insistir en que la Sala de lo Constitucional es golpista, da risa. En la página oficial del Frente se reproduce sistemáticamente cualquier tipo de manifestación contra los miembros de la Sala. E incluso los máximos dirigentes del partido acusan a los jueces de tener una “actitud arrogante y prepotente”. Pero llamar prepotentes a los jueces de la Sala sin analizar sus razonamientos es a su vez una muestra política de prepotencia, cuando no una amenaza. Amenaza que se hace más patente al existir serias sospechas de que la mayoría de las manifestaciones plagadas de insultos contra la Sala están promovidas por el partido en el poder.

En vez de apreciar el estilo y modo de algunos jueces abiertos, no codigueros, más profesionales de lo que la tradición judicial salvadoreña manda, los políticos parecen interesados en volver al pasado. La elección del Consejo Nacional de la Judicatura es un claro ejemplo. Se reparten cuotas y todos quedan tranquilos. Todos menos las víctimas y quienes desean un sistema judicial independiente, capaz de defender los derechos humanos y de pedirle cuentas a otros poderes, así como de impedir que quienes mandan o legislan pisoteen la Constitución. La preocupación por los 700 jueces acusados de cometer alguna falta es legítima. Pero la causa de la baja calidad de los jueces se encuentra sobre todo en los políticos, en su forma de decidir los nombramientos de los altos cargos del sistema de justicia. La gran mayoría de los políticos salvadoreños temen a la independencia judicial, y por eso persiguen y hostigan a los jueces que la encarnan. El reparto por cuotas afecta a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Judicatura, entre otras instancias. Y produce deficiencias graves, da pie a la corrupción y genera inseguridad y temor entre los operadores de justicia. No avanzamos judicialmente, o avanzamos muy poco, porque los políticos siguen jugando a tener jueces y magistrados obedientes y sumisos a los intereses políticos dominantes.