Otro esperpento legislativo

Al principio causó mucho revuelo, pero, como suele suceder en este país, otras noticias ganaron protagonismo y lo que en un momento pareció un asunto trascendental fue quedando en la esquina del olvido. Nos referimos al decreto transitorio 412, aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de junio y que prohíbe la publicidad y propaganda que afecte la imagen de los candidatos presidenciales. Cuando los diputados quieren aprobar algo que va contra la democracia y no beneficia a la ciudadanía, legislan casi siempre en horas de la madrugada, saltándose los procedimientos establecidos y justificando las leyes de manera contraria a lo que en realidad pretenden. Así pasó en 1993 con la Ley de Amnistía, que se justificó diciendo que era "para la consolidación de la paz" y lo que hizo fue debilitarla y consolidar la impunidad, que es una de las causas de la actual situación de violencia. Así sucedió también en diciembre de 2000 con la Ley de Integración Monetaria, que en la práctica fue una dolarización que eliminó de tajo al colón. Asimismo con el Tratado de Libre Comercio, que hizo más deficitaria nuestra balanza comercial.

En esta ocasión, los diputados, con estridencia y poco tino, titularon al decreto "Disposiciones transitorias para promover la participación democrática de los ciudadanos en el proceso de elección de presidente y vicepresidente de la República, sin afectar los derechos de los demás".

El decreto multa hasta con 25 mil dólares a cualquier ciudadano que lesione el honor, la imagen o la vida privada de cualquier persona, especialmente si se trata de alguien que se haya postulado para la presidencia o vicepresidencia de la República. El decreto es innecesario porque ya la Constitución, el Código Penal y otras leyes sancionan los mensajes difamatorios y calumniosos. Además, El Salvador ha suscrito tratados internacionales que regulan la cuestión, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, si no se ha procedido a sancionar ante las campañas sucias a las que nos tienen tan acostumbrados los partidos, no ha sido por falta de herramientas jurídicas, sino por simple falta de voluntad política.

Las reacciones al decreto señalan que lo que se pretende es blindar a los candidatos presidenciales que tienen techo de vidrio. Y a juzgar por lo innecesario de la normativa y por quienes lo promovieron y aprobaron (GANA, FMLN, PDC, CN y los 5 disidentes de Arena), todo apunta a que los beneficiados directos son los candidatos del Frente y de Unidad. Es curioso, porque mientras fue presidente de la República, Antonio Saca tuvo como consigna que la mejor ley para garantizar la libertad de expresión es la que no existe. Ahora resulta que hay que legislar de acuerdo a conveniencias personales. Si de verdad quieren promover la participación democrática de la ciudadanía, los legisladores deberían apostar por la creación de una defensoría del público que garantice el respeto que se merece la población por parte de las empresas informativas. La Asamblea Legislativa debería también aprobar una ley que guíe el trabajo de la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión.

Si lo que se desea es avanzar en la democratización de la comunicación, los diputados deberían enfilar su trabajo hacia la consecución de una nueva ley de telecomunicaciones, porque la vigente es excluyente, antidemocrática y propicia la concentración de los medios de comunicación en pocas manos. El decreto legislativo 412 es una muestra más de que en la Asamblea se defienden los intereses de los poderosos. El presidente Funes tiene nuevamente servida la oportunidad de defender la democracia ejerciendo su potestad de vetar el decreto. El mandatario tiene hasta el 15 de julio para actuar apegado a la decencia y a la democracia, o para ponerle la guinda a este esperpento legislativo.