Pandemia y solidaridad

Toda desgracia y dolor invita a la solidaridad. Cuando el desastre es intenso y abarca a una buena parte de la población, la solidaridad es todavía más necesaria. El Salvador ha tenido magníficos ejemplos de ello durante inundaciones, deslaves, terremotos y la locura de la guerra civil. En estos días, en los que estamos prácticamente seguros de que la epidemia del coronavirus puede entrar a El Salvador, resulta indispensable renovar nuestro espíritu solidario. El Estado puede y debe hacer muchas cosas, pero no bastan. Si la solidaridad no se extiende a la sociedad, los riesgos aumentan y la efectividad de las acciones estatales disminuye.

Por otro lado, el Estado no debe creerse autosuficiente. El principio de subsidiariedad, reconocido constitucionalmente, debe en los momentos de crisis cobrar nuevo valor. El principio es muy fácil de entender y practicar: lo que una instancia social pequeña hace bien no debe ser sustituido por el Estado. Por ejemplo, lo que puede hacer la familia con respecto a la educación de los niños, especialmente en la primera infancia, dando cariño, apego y sentido de pertenencia a los pequeños, no debe ser sustituido por el Estado. A contrario, el Estado debe proteger a la familia para que esta desarrolle lo mejor posible esa tarea inicial de dar a los niños el sentimiento hondo de saberse creciendo en un entorno amoroso y solidario.

De la misma manera, en tiempo de desastre público, el Estado, sin renunciar a su deber de dirigir la prevención, el orden y la reconstrucción, tiene que dialogar con la sociedad civil a fin de que esta participe en ciertas tareas, tanto a lo largo de la crisis como en los momentos posteriores a la misma. En el caso de una epidemia grave, como la que nos amenaza, dialogar con la sociedad civil puede dar ideas, evitar errores y servir para identificar colaboradores para la superación de la crisis. Si la epidemia llega al país, las familias se convertirán necesariamente en protagonistas. Porque, según los datos, la gran mayoría de los contagiados no tendrán necesidad de asistencia hospitalaria. En otras palabras, se curarán en casa. Y al Estado le tocará apoyar a las familias, distribuir información, asegurar medicamentos, socorrer a los hogares más pobres, en unión con una sociedad civil solidaria, para que puedan cuidar adecuadamente a sus enfermos o los remitan, en caso de gravedad, a la red hospitalaria.

El Gobierno ha puesto todo su esfuerzo e interés en impedir que la epidemia entre al país. Su mayor instrumento ha sido el control de movimientos y la organización de centros de cuarentena. Pero incluso en estas tareas necesita colaboración. La cuarentena de 30 días es exageradamente larga para lo que se conoce de la enfermedad. Mezclar a personas que llevan ya quince días de cuarentena con recién llegados puede convertir un centro en un verdadero foco de contagio. Porque quienes llevan ya dos semanas en resguardo sin mostrar síntomas están prácticamente libres de la enfermedad, pero quienes llegan podrían estar en la fase en que pueden contagiar sin mostrar signos evidentes del covid-19. Si se quiere mantener una cuarentena, es importante no mezclar. Incluso algunos podrían contagiarse en los últimos días del aislamiento y salir sin síntomas a la calle, pero con capacidad de contagiar a otros. Contar con la sociedad civil, con hoteles, residencias, familias, y reducir el tiempo de cuarentena, sería una manera de evitar que los remedios hasta hoy planificados sean efectivos.

Por otra parte, los desastres aumentan siempre el estrés y el nerviosismo. Sin embargo, ello no debe llevar nunca a gritos, insultos o divisiones. En el caso de una epidemia, es fundamental buscar el apoyo de, por un lado, quienes tienen el conocimiento técnico de la enfermedad y de los mejores procedimientos de protección de la salud pública, y, por otro, de buenos organizadores que pongan en funcionamiento las medidas que los conocedores, fundamentalmente médicos y salubristas, hayan recomendado. En momentos como este, tan esencial es contar con un Gobierno con capacidad ejecutiva como impulsar la solidaridad y acercarse desde el Estado a las familias y la sociedad civil.