Perniciosa pasividad fiscal

Son muchas las voces, de analistas, académicos y empresarios de diverso origen, que afirman que la situación fiscal del país es insostenible. Y no es gratuito, sino fruto del estudio de datos y tendencias que muestran con claridad que el camino que llevan las finanzas nacionales no es el adecuado. Esto fue anunciado hace varios años por organismos internacionales, que exhortaron a tomar medidas al respecto, que advirtieron que lo peor sería no hacer nada. Pero esto es precisamente lo que ha ocurrido: nada. En los últimos años, las cosas solo han empeorado: se ha incrementado el déficit público y el endeudamiento estatal, y todo apunta a que la tendencia se acentuará año con año.

Es probable que una buena parte de la población sienta que esta situación no le afecta directamente, e incluso que considere que esto es un problema exclusivo de los políticos, de los bancos y de los empresarios. Nada más alejado de la realidad. La situación de las finanzas públicas nos afecta a todos. Si estas están mal, si el país no es capaz de hacerle frente a sus compromisos crediticios, el daño a la población, a toda ella, será tremendo. Tanto los ricos como la clase media y los pobres saldrían perjudicados.

Al movimiento popular y a los grupos políticos de izquierda se les ha señalado críticamente que no le dan importancia a la cuestión de las finanzas, que no entienden los dinamismos económicos y que sus planteamientos y demandas no tienen en cuenta la economía real. La poca preocupación que estos grupos manifiestan ante la actual situación tiene que ver con ello. Sin embargo, las finanzas públicas deben preocuparnos a todos y deben tenerse en cuenta tanto a la hora de plantear demandas al Estado como en la búsqueda de las soluciones a los problemas sociales que padece el país.

Con todo, lo que más sorprende son los oídos sordos que ante esta realidad han mostrado el Gobierno y los partidos políticos. Al parecer, no sienten ninguna urgencia de actuar o piensan que la situación se resolverá por sí sola. Aunque aún no se han hecho públicos los planes de gobierno de los candidatos a la Presidencia, es muy probable que ninguno aborde en profundidad la problemática, porque las soluciones a la misma no tienen gancho electoral. En este sentido, la campaña se ha convertido en el principal enemigo de la búsqueda de soluciones a la economía.

Esta campaña inició apenas seis meses después de los comicios legislativos de marzo de 2012; en marzo de 2015, un año después de la próxima elección presidencial, se convocará de nuevo a las urnas para elegir diputados. Así, en total, El Salvador pasará casi tres años en dinámica electoral, lo que paralizará la toma de decisiones difíciles, impopulares, que puedan minar el apoyo de la ciudadanía a un determinado partido. Con mucha probabilidad, pues, serán tres años sin la aplicación de medidas fiscales. Por el daño irreparable que eso puede causar al país, para impedir que el Estado sea llevado a la quiebra, es fundamental exigirle a los poderes públicos que tomen las acciones necesarias.

Tres son los temas que deben abordarse con urgencia y desde un acuerdo nacional para sanear las finanzas del Estado. En primer lugar, el aumento de los ingresos fiscales, principalmente a través del combate a la evasión tributaria. Según un estudio de la Dirección General de Impuestos Internos, se evade aproximadamente el 33% del IVA; otros estudios estiman que la evasión del impuesto sobre la renta ronda el 40%. Por ende, cerrar esas brechas supondría ingresos para el Estado equivalentes a dos veces el monto de su déficit actual. Paralelamente, deben hacerse ajustes de modo que el sistema tributario sea más progresivo y equitativo.

En segundo lugar, el control del gasto público corriente. Ya se ha hablado ampliamente en este espacio sobre la necesidad de austeridad y de cuidar adecuadamente los bienes públicos, evitando el lujo y el despilfarro, que siguen siendo comunes en la administración pública. Pero también es necesario eliminar los gastos que suponen una pesada carga para las finanzas del Estado y que no van dirigidos a la población más necesitada. En esta línea, deben revisarse con seriedad la política de los subsidios y el sistema privado de pensiones. Finalmente, en tercer lugar, el incremento de la inversión pública, a fin de dinamizar la economía y generar condiciones para su crecimiento. Estas tres acciones son plausibles de implementar sin afectar gravemente a los sectores populares; su postergación mostrará, una vez más, la irresponsabilidad de los políticos en la administración pública.