Realidad silenciada

El incremento del número de desaparecidos en los últimos años vuelve a poner sobre la mesa una práctica que fue muy común durante la guerra civil, pero que disminuyó hasta prácticamente desaparecer en los noventa y la década posterior. Hoy, la desaparición de personas recobra fuerza. Y a pesar de sus dimensiones, al igual que en los ochenta, es silenciada. Los dos últimos Gobiernos, un tanto forzados por las organizaciones de la sociedad civil y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, crearon por decreto ejecutivo dos comisiones de búsqueda: primero, la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado; y más recientemente, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado. Sin embargo, el compromiso de apoyar a las familias de los desaparecidos en su búsqueda no ha sido acompañado por el resto de los partidos en la Asamblea Legislativa, los cuales se han opuesto a dar un carácter legislativo a ambas comisiones, lo que les permitiría realizar un mejor y más eficaz trabajo, contar con el debido presupuesto y apoyarse en instancias del Estado que podrían aportar en las tareas de localización.

Y la situación con respecto a los desaparecidos en la actualidad no es mejor. El gran número de denuncias, que el año pasado se equiparó al total de homicidios, hace necesario tomarse en serio esta realidad. Una realidad que las autoridades de justicia y seguridad reconocen, pero tratan de minimizar. Se afirma, sin base, que la mayoría de los desaparecidos aparecen posteriormente a las denuncias y que las familias ya no comunican el hecho a las autoridades. Además, parece no haber interés en contar con registros completos y fiables. Por ello, lo primero es conocer a ciencia cierta cuántas desapariciones ocurren. En esa línea, las organizaciones de derechos humanos y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos deberían compartir sus registros de denuncias por desaparición, al igual que la Fiscalía y la PNC. De ese modo, en comunicación constante con los familiares, podría saberse cuánto tiempo después de puesta la denuncia se tiene noticia o regresa el desaparecido, si es que en verdad eso sucede. Ello permitiría tener una idea más clara de la magnitud de la problemática.

El Estado debe tomarse en serio el fenómeno y aceptar su gravedad. Es urgente dar mejor atención a las víctimas, a los familiares de los desaparecidos, acompañarlas y apoyarlas profesionalmente. Se requiere, además, una estructura especializada para enfrentar el problema. La Asamblea Legislativa debe aprobar, por tanto, la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, que tenga todas las competencias y recursos para realizar su trabajo con efectividad, y que llene todos los vacíos legales que dificultan el debido tratamiento de las desapariciones. El sistema debe enlazar, mediante unidades especializadas y apoyo técnico, a las dos comisiones ya creadas y formar una tercera para buscar a los desaparecidos de la actualidad. Solo así el Gobierno y la Asamblea Legislativa darán respuesta a las miles de familias que desde hace décadas buscan a sus parientes y a las otras miles que hoy día sufren el calvario de la desaparición. Como afirma un salvadoreño cuyos hermanos pequeños desaparecieron durante la guerra, “no hay dolor ni tortura más grande que la incertidumbre de no saber y hacerse todos los días las mismas preguntas: ¿dónde están?, ¿estarán vivos?, ¿qué le pasó?”. Si de verdad a la clase política le preocupa la vida de la gente, no pueden dejar a un lado esta dura y difícil realidad, deben atenderla con carácter de urgencia y sin distinciones de colores políticos.