Sin libertad, sin derechos, sin culpa

Por muy obvio que sea, es necesario repetirlo (y esa necesidad desnuda la deshumanización imperante): los presos son seres humanos, personas que han cometido delito y que por ello han perdido el derecho a la libertad de movimiento. En ese sentido, la cárcel, al menos en teoría, sirve para proteger al resto de ciudadanos y rehabilitar a quien ha delinquido. La condición de presos no anula la dignidad humana de los recluidos; aunque privados de libertad, mantienen sus derechos básicos. Por lo general, son vidas humanas marcadas por el dolor, la frustración y sentimientos negativos ligados al abandono, la pobreza, la violencia o la exclusión.

En los 33 meses de régimen de excepción, miles de personas que el propio Gobierno ha reconocido como inocentes, aunque no quiera cerrar sus casos, han sido apresadas. La pronta y cumplida justicia que garantiza la Constitución ya no aplica. Muchos han estado más de un año detenidos sin que haya nada más contra ellos que una acusación falsa o un perfil mal hecho de la Policía. Son víctimas de una ley aplicada con arbitrariedad, pero ni el Gobierno, ni el sistema judicial, ni la Fiscalía los considera como tales. El lenguaje utilizado por el poder en torno a las víctimas del régimen de excepción es un claro ejemplo de crueldad y de manipulación verbal.

Se supone que los inocentes no deben estar en la cárcel. Si son inocentes y están encarcelados, son víctimas. De los cerca de 80 mil detenidos en el marco del régimen de excepción, se ha liberado a 8 mil, afirma Navib Bukele. Es decir, él mismo reconoce que personas que no tenían ninguna culpa sufrieron prisión. Y cuando dice: “Vamos a liberar al 100% de los inocentes”, reconoce que todavía hay más. El vicepresidente se ha referido a estas víctimas llamándolas “daños colaterales”, una expresión brutal que busca restarle importancia a esta terrible injusticia.
Por su parte, aunque el fiscal general dijo que “toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”, añadió que los que son liberados “están con medidas cautelares”, o sea, el juicio contra ellos queda abierto y pueden ser llevados de nuevo a la cárcel cuando el sistema judicial lo estime conveniente. En otros momentos, las autoridades han dicho que quienes están presos sufren esa condición “porque tienen el perfil” propio de los miembros de las pandillas. Así, por un simple perfil, que no es en sí mismo un delito o una prueba de nada, guarda prisión una enorme cantidad de personas. Estas víctimas tienen derecho a reparación de los daños sufridos.

El régimen de excepción no debe renovarse en 2025. La PNC tiene suficientes recursos para mantener la paz conseguida. El órgano judicial debe poner en libertad a todas las personas sobre las que no tenga indicios claros de que han cometido un delito. La Fiscalía debe recibir mayor apoyo en personal, en capacitación técnica y en recursos financieros. Quienes a causa del régimen han perdido injustamente el trabajo, la salud o la estabilidad familiar deben recibir una reparación que les permita retomar su vida sin lastres ni estigmas. Finalmente, hay que investigar tanto a los directores de los centros penales como a la dirección general del sistema carcelario para deducir responsabilidades en los casos de violaciones a derechos humanos.