Sin memoria no hay país

La firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla del FMLN fue un hecho histórico sin precedentes, largamente esperado por la mayoría, que puso fin al conflicto armado y abrió la posibilidad de construir un país distinto, sin guerra, sin represión, con libertades fundamentales, con respeto y goce de los derechos humanos. La firma de los Acuerdos marcó un hito, refundó la república. Por tanto, la conmemoración de aquel acto es imprescindible, porque sin memoria no hay país.

En ese marco, deben recordarse las causas del permanente conflicto social y político que El Salvador vive desde los primeros años de la década de los setenta. En primer lugar, el despojo de las tierras que sufrieron los campesinos y pueblos originarios para convertir al país en un país productor de añil, azúcar, café y algodón; y la posterior proletarización de la población rural, que despojada de sus parcelas fue obligada a convertirse en trabajadores agrícolas de la clase terrateniente latifundista en condiciones de vida inhumanas, sometidos a la pobreza, al hambre y a una intensa explotación.

En segundo lugar, el sistema represivo que fue necesario organizar para controlar a la población y evitar que esta se alzara contra el sistema. Así, los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada se caracterizaron por reprimir y violar los derechos humanos sin piedad; por ahogar en sangre cualquier demanda de mejores condiciones laborales, de libertad, de justicia o simplemente mejores condiciones de vida. Un sistema político dictatorial que celebraba elecciones de fachada y ejecutaba fraudes para proclamar como vencedor de las mismas a un representante de la oligarquía. En este contexto surgieron los movimientos revolucionarios, que emprendieron la lucha armada contra un régimen incapaz de abrirse a exigencias de democracia y respeto a los derechos humanos.

Esos problemas sociales, económicos y políticos, de profundas raíces históricas, desembocaron en el cruento conflicto armado, que cobró más de 75 mil víctimas y que destrozó y dividió al país. Fueron 20 años de sufrimiento, terror y lucha por cambiar el estatus quo; una guerra en la que ninguno de los bandos lograba imponerse sobre el otro; una guerra en la que no se avizoraba final y que requería una salida distinta a la militar. De la constatación de ese hecho surgió la necesidad de buscar una solución por la vía del diálogo y la negociación. Este fue un camino difícil y largo.

Las primeras conversaciones iniciaron en 1984, durante la administración de Napoleón Duarte. Ocho años después, a finales de 1991, luego de encuentros y desencuentros, avances y retrocesos, se logró que las partes acordaran firmar los Acuerdos de Paz el 16 de enero del año siguiente. Para ello fue decisiva la participación de Naciones Unidas y el apoyo de Francia, México, Venezuela y Costa Rica, entre otros. Sin los Acuerdos de Paz, el conflicto hubiera continuado destruyendo vidas y hundiendo la economía; El Salvador no hubiera emprendido el camino democrático que, pese a sus imperfecciones y necesidades de mejora, ha supuesto una vida muy distinta para las generaciones de la posguerra. El país tiene grandes deudas en materia de equidad, desarrollo humano, seguridad, educación, salud, justicia y paz social. Sin embargo, estos déficit deben servir como acicate para seguir avanzado, no como excusa para emprender una dolorosa farsa de olvido cuyo único objetivo es concentrar poder y liquidar la democracia.