Sordos y mudos

Hace pocos días, un grupo de organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa la creación de una nueva comisión, éticamente intachable, que elabore, con respeto a los derechos de las víctimas, una ley de justicia transicional que cumpla las recomendaciones de la Sala de lo Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Las organizaciones desconfían con razón de la actual comisión, pues solo uno de sus cinco miembros tiene una hoja de vida limpia: hay dos exmilitares que participaron en la guerra civil y que están vinculados con casos de crímenes de lesa humanidad; una ex guerrillera perteneciente a un partido acusado de graves delitos por la Comisión de la Verdad; y un abogado señalado como responsable de manipular y falsear testimonios sobre la masacre en la UCA a fin de encubrir al Estado Mayor del Ejército.

Pedir esto en una democracia es elemental. Diputados vinculados a crímenes del pasado no pueden tener la responsabilidad de dictaminar sobre una ley de justicia transicional para un país que aún no resuelve los problemas de su historia. Pero, según se desprende de la respuesta a la petición de las organizaciones, ello no es obvio para la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Simplemente se limitó a decir que la actual comisión está formada por “connotables parlamentarios” que están próximos “a presentar un dictamen”. Para empezar, habría que descifrar qué significa “connotable”, puesto que la palabra no aparece en el diccionario de la lengua. Si para el Secretario de la Junta Directiva el término tiene relación con la palabra “notable”, habría que decirle a la Asamblea que lo más notable en los miembros de la actual comisión es su cercanía a crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¿Los hace eso más adecuados para hablar de justicia? La respuesta, por supuesto, es “no”. Por el contrario, los vuelve idóneos para hacer lo que ya se intentó una vez: dejar en la impunidad los crímenes cometidos durante la guerra.

Las organizaciones también se dirigieron al Tribunal de Ética Gubernamental para solicitarle que declarara contrario a la ética que personas vinculadas a graves crímenes formaran parte de una comisión que debe buscar justicia para a esos mismos crímenes. Se alegó conflicto de intereses. La respuesta del Tribunal, presidido por una persona partidaria de la impunidad, fue rechazar la petición. Si la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa se expresa con términos inexistentes, el Tribunal de Ética Gubernamental parece desconocer el significado de la palabra “ética”. Y mientras instituciones básicas del Estado derrochan incapacidad lingüística y ética, la campaña electoral continúa con sus promesas sin base. Mientras los candidatos prometen, los diputados dan muestras claras de que no les interesa la opinión de la ciudadanía ni los problemas del país.

Los diputados pasan de largo frente al tema del agua para evitar que sus partidos pierdan votos en las elecciones, callan sobre los crímenes del pasado y nos dicen que los vinculados a aquellos actos brutales son los más indicados para hablar de justicia. ¿Se enteran los candidatos a la Presidencia de la irresponsabilidad de algunas instituciones estatales y de los miembros de sus propios partidos? Por su silencio, da la impresión de que no o que prefieren callar sobre asuntos en los que saldrán perdiendo. Prefieren buscar la silla presidencial prometiendo más cosas de las que pueden cumplir, sin que la ética les importe. La irresponsabilidad frente a los derechos básicos de las personas es patente. Aunque los políticos hayan decidido adoptar un lenguaje propio del estilo de las democracias occidentales, mencionando incluso que respetan los derechos humanos, en realidad se burlan de la población al tratar de mantener a las víctimas en el basurero de la historia. Y esa es precisamente la causa de que aparezcan en los últimos puestos de credibilidad y confianza en todas las encuestas que miden esos valores ciudadanos.