Tres problemas y un interrogante

Los años suelen iniciar con algunos problemas que, heredados del año previo, marcan el rumbo que seguirán las instituciones, para bien o para mal. Entre un buen número de problemas heredados de 2018, al menos tres necesitan ser abordados por la dimensión y la importancia que tienen, y porque pueden desatar tensiones graves. El primero es el nombramiento del nuevo Fiscal General. Por ser alguien muy cercano al partido Arena, se ha interpuesto ya una demanda de inconstitucionalidad sobre su elección. En efecto, la jurisprudencia de la anterior Sala de lo Constitucional da la razón al demandante: tener vínculos personales estrechos con un partido, aun sin estar afiliado al mismo, es un impedimento constitucional para ser nombrado a un cargo que exigen independencia partidaria. El tema es importante porque pone a la actual Sala de lo Constitucional en la disyuntiva de enfrentarse con la Asamblea Legislativa o cambiar la jurisprudencia, lo que podría significar un grave retroceso en el desarrollo de la institucionalidad salvadoreña. Si los partidos políticos están ya bastante dañados por sus arbitrariedades, darles la oportunidad de que controlen las instituciones que pueden servir de contrapeso al poder político sería dar marcha atrás en el débil avance de la institucionalidad.

El segundo problema es el necesario retiro de las tres primeras promociones de oficiales de la Policía Nacional Civil. Si bien muchos de los aspectos negativos que vemos en la PNC no dependen de ellas, sino de los sucesivos Gobiernos a cuyas órdenes estaban, también es cierto que durante su largo tiempo al frente de la Policía crearon una red de complicidades, favores y compromisos que ha impedido el sano funcionamiento de la corporación. A tal grado que algunos mandos más jóvenes pensaban que la institución no tendría arreglo hasta que esas tres primeras generaciones de oficiales salieran del poder. Sin embargo, resultan escandalosas las indemnizaciones por retiro que se están proponiendo, en el mejor estilo de beneficiar a los poderosos y olvidar a los débiles. Dado que los salarios de los niveles básicos son claramente insuficientes para que los agentes puedan llevar una vida digna y segura, bonos de jubilación exorbitantes solo pueden considerarse como un último abuso de poder y un derroche al servicio del que más tiene.

El tercer problema es el aumento de denuncias de desaparición registrado en 2018. Según cifras oficiales, se presentaron 3,015 denuncias, 172 más que en 21017. El caso de la agente Carla Ayala muestra la capacidad de los criminales de hacer desaparecer a sus víctimas. Que las denuncias vayan en aumento es preocupante no solo por el dato en sí mismo, sino porque con frecuencia aparecen fosas clandestinas de las que se recuperan los cadáveres de víctimas de homicidio. Es grave el hecho de que la tasa de denuncias de desaparición, 47 por cada cien mil habitantes, sea casi igual a la tasa de homicidios, 51 por cada cien mil. Discutir y abordar a fondo este problema resulta fundamental para el bienestar de los salvadoreños.

Y finalmente, una interrogante. En una de sus primeras decisiones del año, la Corte Suprema de Justicia redistribuyó puestos en su seno. Al revisar los nombramientos, la pregunta que surge de inmediato es por qué se trasladó a Dafne Sánchez de la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo hacia la Sala de lo Civil. Aunque no dudamos de su conocimiento del área civil, de la que ha sido docente, es conocida la excelente preparación de Sánchez en derecho administrativo, muy por encima del nivel de la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cambiar de puesto a personas de gran capacidad e intachable honradez sin dar explicaciones despierta la sospecha de que se está cumpliendo con compromisos adquiridos durante la larga y accidentada elección de nuevos magistrados. Dar explicaciones racionales a la ciudadanía es un deber moral del que no puede sustraerse ningún juez, mucho menos la Corte Suprema de Justicia.