¿Olvidó la contraseña?
Ingrese su correo electrónico:
Cree su cuenta
De acuerdo a la ley, el salario mínimo debe revisarse, por lo menos, cada tres años. La instancia encargada de hacerlo es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, integrado por dos representantes de los trabajadores, dos de los empleadores y tres del Gobierno. Sin embargo, en la práctica, los primeros han actuado como si perteneciesen a la patronal. Las actas del Consejo dan fe de ello. En 2011, el salario mínimo aumentó un flaco 8% con los votos de los empresarios y de los representantes de los trabajadores. En 2013, estos últimos llegaron al extremo de proponer un aumento menor al ofrecido por los empresarios. Al final, una vez más, con los votos de la patronal y de los trabajadores, se acordó aumentar el 12% en tres años (4% cada año); un incremento irrelevante de cara al costo de la vida.
En junio de este año, los dos grupos acordaron otro aumento pírrico, el cual fue calificado por el arzobispo de San Salvador, monseñor Escobar Alas, como “injusto y de grado pecaminoso”. En efecto, un estudio del Departamento de Economía de la UCA revela que entre 1979 y 2015 el poder de compra del salario mínimo real registró una pérdida del 80%. Es decir, un trabajador compra hoy la quinta parte de lo que podía adquirir con el salario mínimo de hace 35 años. En contraste, la riqueza de los salvadoreños más acaudalados no ha parado de crecer en estos tiempos de crisis.
Ahora quizás la dinámica cambie. El pasado 6 de diciembre se realizó la elección de los nuevos integrantes del Consejo. Por primera vez en la historia de la instancia, el proceso estuvo abierto a los medios de comunicación y fue transmitido en directo por algunos de ellos. Antes, también de manera inédita, se abrieron las sesiones del Consejo para propiciar el escrutinio público. Además, en esta ocasión, la elección de los representantes contó con testigos del Tribunal de Ética Gubernamental y de la Secretaría de Transparencia. Es más, uno de los representantes de la patronal estuvo presente en todo el proceso, firmó la recepción de los votos y presenció el conteo, a pesar de que también era candidato (fungió, pues, como juez y parte).
Pero el resultado no ha sido del agrado de la ANEP ni de los medios de comunicación que le rinden tributo. La gremial protesta por el reglamento que se empleó y por ciertos detalles del proceso, aunque su reclamo más bien podría obedecer a que la comparsa entre ellos y los supuestos representantes de los trabajadores parece haber llegado a su fin. Y ojalá así sea por el bien de quienes ganan el mínimo.
Que los representantes de los trabajadores apoyaran sin fisuras las posiciones de los empresarios se volvió normal, así como se han normalizado la violencia, la injusticia y los salarios de hambre. En el país, los poderes económicos están acostumbrados a hacer las leyes y la trampa. Formalmente, en el Consejo se cumplía la ley, pero, en realidad, la ley, como decía monseñor Romero, mordía siempre a los descalzos. La historia de El Salvador es la historia de la manipulación de la legalidad a favor del poderoso, la del empobrecimiento de la mayoría para el enriquecimiento de un reducido grupo voraz e insaciable. Ojalá que esto, por lo menos para los trabajadores, comience a cambiar. Es deber de todo el que está del lado de la justicia oponerse a salarios inhumanos y poner freno a las instancias que los han hecho posible todos estos años.
