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La actuación de los diputados de la Asamblea Legislativa al final de la semana pasada nos indica que las aguas están volviendo a su cauce tradicional. Los cuatro partidos de derecha, Arena, PDC, GANA y PCN, se unieron de nuevo en una maniobra contra la institucionalidad del país al aprobar un dictamen que reforma los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica Judicial. En lo fundamental, esta reforma le exige a la Sala de lo Constitucional que para resolver demandas de inconstitucionalidad cuente con el voto favorable de todos los magistrados que la integran.
La actuación de estos cuatro partidos, un descarado abuso de poder, responde a su tradicional lógica de buscar arreglos subterráneos para beneficio propio y de los minúsculos grupos que representan. Aquellos que con frecuencia se rasgan las vestiduras cuando a su criterio otros quieren atentar contra la democracia, los que se autodenominan defensores de la libertad, ahora no tienen ningún pudor en entrometerse en el funcionamiento y atribuciones de otro órgano del Estado. Con esta reforma, los diputados de derecha socaban la institucionalidad del país. Además, el dictamen fue aprobado haciendo gala de los más rancios vicios del tradicionalismo político: se aprobó con dispensa de trámite, con modificación de agenda y con un carácter transitorio que evidencia una intención electoral.
En el fondo del asunto está la intención de seguir actuando bajo intereses de élite, al margen del respeto de la ley y la institucionalidad. Desde el año 2009, y a raíz de sus sentencias, la Sala de lo Constitucional se convirtió en el enemigo número uno del tradicionalismo político. La Sala resolvió demandas de inconstitucionalidad que han roto el monopolio partidario sobre las candidaturas y que han avalado el derecho a elegir a los diputados directamente, ya no mediante listas cerradas decididas por las cúpulas partidarias. Además, como es conocido, ordenó la inmediata cancelación del PCN y el PDC luego de determinar que en 2004 se violó flagrantemente la ley al permitir que ambos partidos continuaran existiendo. Finalmente, los cuatro magistrados de la Sala declararon inconstitucional la elección de Moreno Niños y Morales Herrera (del PCN y PDC, respectivamente) como magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Las decisiones de la Sala de lo Constitucional han significado, pues, el mayor avance democrático en los últimos dos años. Sin lugar a dudas, las reformas a la Ley Orgánica Judicial responden al deseo de quitarse de encima a estos molestos magistrados para que los diputados puedan seguir haciendo de las suyas, trastocando leyes a gusto y antojo. Sin embargo, pese a sus graves repercusiones, la actuación de los legisladores no sorprende a nadie. El descrédito del que gozan desde hace rato se reconfirma en cada nueva encuesta de opinión. Lo que llama poderosamente la atención, lo que ha sorprendido a quienes tienen una convicción democrática, es el aval del presidente Funes a esta maniobra perversa.
Se desconoce por qué Mauricio Funes se ha aliado de manera tan clara y penosa con este bloque de partidos. Pero sean cuales sean las razones, con su decisión ha decepcionado a la población que vio en él una esperanza de cambio y se ha desacreditado como estadista. La manera en que fue aprobado el dictamen y la celeridad nunca antes vista con la que el Presidente lo sancionó indican la existencia de negociaciones previas, de reparto de cuotas de poder, realizadas a espaldas de la población y en contra de ella. Lejos queda ya el Mauricio Funes que en la campaña electoral prometió una nueva forma de gobernar, aquel que en la toma de posesión citó el ejemplo de monseñor Romero. El Funes de ahora se ha sumado a la forma de hacer política que con tanto tino y profesionalismo criticó en sus tiempos de periodista.
