Una lucha de todos

Este martes 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos; una conmemoración que supone la exigencia de revisar actitudes personales, comportamientos políticos y estructuras sociales. Los derechos fundamentales son inalienables y no pueden ser violados por nadie, incluso en el caso de que se restrinja algunos de ellos a causa de comportamientos ilícitos. Se puede restringir la libertad si se ha cometido un delito, pero no se puede torturar ni tratar de modo cruel y degradante al hechor. La dignidad humana se conserva siempre y siempre debe respetarse. Fácilmente se cae en la tentación de pensar solo en los propios derechos y olvidar los ajenos, perdiendo de vista que los derechos de una persona tienen como límite los de los demás. Salir de ese individualismo y entender y defender los derechos humanos como una realidad social es indispensable para la plena vigencia de los mismos.

En ese contexto, son necesarias la observación y la crítica. Los políticos, que en realidad deberían estar al servicio de los ciudadanos, tienden a apropiarse del Estado y a ponerlo a su servicio, separándolo de la gente. Cuando El Salvador, por ejemplo, participó en la guerra de Irak, no lo hizo por sus ciudadanos, sino en beneficio de una casta política que quería mantener buenas relaciones con los Estados Unidos y permanecer en el poder. La actitud del ciudadano debe ser siempre crítica ante este tipo de posiciones que anteponen los intereses partidarios o de élites al bien común. Y la crítica debe acrecentarse cuando la apropiación del Estado sirve a los funcionarios para hacer favores, abusar del poder o lucrarse corruptamente.

Pero no basta con exigir una adecuada rendición de cuentas al sector político. Es necesario analizar y criticar las estructuras sociales que ofenden directamente los derechos humanos o impiden su ejercicio. En El Salvador, los sistemas carcelarios y de pensiones forman parte de esas estructuras. Los presos tienen derecho a un trato digno. Por tanto, cuando se les golpea, se les insulta, se les niega el acceso a la alimentación, la medicina o la visita familiar, se violan derechos humanos. Y cuando eso se hace sistemáticamente, la violación es estructural. En el caso de las pensiones, el sistema solamente cubre al 20% de los aproximadamente 700 mil salvadoreños en edad de recibir pensión. Queda descartada y marginada la inmensa mayoría de los que trabajaron y produjeron riqueza a cambio de un salario indecente. Un sistema que hace esto es claramente inmoral.

Otras estructuras nacionales, como la salud y la educación, violan el derecho personal a un desarrollo integral. Un sistema estatal de salud que brinda servicios diferentes según la situación económica del ciudadano es simplemente injusto. Y más cuando el servicio básico y mayoritario es de muy baja calidad. El derecho a la salud debe ser universal, no restringido a la capacidad de cotización del usuario. En nuestro sistema educativo, la profunda desigualdad en la calidad de la enseñanza impide a muchos jóvenes el desarrollo pleno de sus capacidades y, con ello, de su personalidad. De nuevo, se bloquea el acceso a diversos derechos a través de un sistema que es incapaz de ofrecer educación de calidad a todos los jóvenes del país.

Defender derechos es construir democracia. La idea de la democracia nació apoyándose en principios básicos de convivencia. Tuvieron que pasar casi doscientos años para que esos principios de igualdad, libertad y fraternidad cuajaran en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y aún faltan pasos para concretarlos e implementarlos. La ONU ha desarrollado toda una serie de pactos, convenios, protocolos y diversos instrumentos para avanzar en la universalización de los derechos humanos, pero persisten los Gobiernos y las estructuras sociales que los violan. Los derechos humanos son un triunfo de la humanidad. Para que sean reales, es necesario que todos nos involucremos en su defensa y promoción, y en la lucha frente a todo aquello que los niega.