La brecha está abierta

La cooperativa El Bosque no se equivocó al presentarse en los alrededores del complejo privado donde reside Bukele para solicitar ayuda. El sitio es más accesible que Casa Presidencial o que el despacho donde recibe a los extranjeros de consideración, y, sobre todo, ofrece una visibilidad envidiable al encontrarse en el trayecto de la caravana de Bukele y su familia.

Más importante aún, la comunidad campesina tenía claro que solo él podía evitar que la echaran de sus tierras y viviendas. En la legislatura no encontrarían respuesta. Menos en las otras dependencias gubernamentales, sordas a los clamores populares sin una orden presidencial. La comunidad abrió una brecha para que las demandas populares sean escuchadas.

Los desahuciados acudieron a la fuente del poder. No se presentaron, por tanto, delante de “una residencia privada sin relación con el caso”. Tampoco se reunieron para protestar contra el régimen, sino para solicitar la intervención del único que podía ayudarlos. Alegar que fueron manipulados o acarreados es menospreciar su creatividad y su coraje. Si las dependencias gubernamentales cumplieran puntualmente con sus obligaciones, no sería necesario acudir a Bukele.

Él no debiera, pues, incomodarse si los desesperados se le acercan en busca de soluciones. Pero, en lugar de escucharlos, les echó la policía militar, los antimotines y los agentes del orden público, que los dispersaron y capturaron a varios dirigentes. No satisfecho, envió a policías a acosarlos en sus viviendas y capturó a su abogado. Sorprendido por una presencia tan clamorosa, Bukele perdió la compostura. Se vio tan amenazado que usó soldados para reprimir una concentración campesina, algo que no sucedía desde 1992; un hito para avergonzarse.

Luego dio un giro tan radical como inesperado, pero muy peculiar. Envió a su ministra de vivienda a tranquilizar a la comunidad y a prometer una solución, que no se hizo esperar. Enseguida, el juzgado suspendió la orden de desalojo y los detenidos fueron liberados, excepto el pastor y presidente de la cooperativa, y su abogado, acusados de unos desórdenes públicos que no ocurrieron hasta que intervinieron los soldados y los policías. La comunidad hizo lo correcto al “gritar fuerte” a lo largo de la ruta transitada por la familia Bukele y al pedir solidaridad. De otra manera, el desahucio ya estaría ejecutado. La comunidad mostró el camino a otros grupos agraviados por el desgobierno de la dictadura.

Ahora bien, la rectificación no es gratis et amore; tiene un precio. El orgullo herido exige una satisfacción. La víctima expiatoria seleccionada son las ONG, en especial las de derechos humanos. Bukele se dispone a asfixiarlas con un gravamen del 30 por ciento sobre sus ingresos. Ya lo intentó, sin éxito, en 2021. La reacción de la comunidad internacional lo detuvo. El castigo no recaerá tanto sobre dichas organizaciones, que cesarán sus operaciones, sino en las comunidades que, abandonadas por los servicios públicos, se benefician de su ayuda. Bukele no podrá sustituirlas, por falta de recursos financieros y humanos.

Se engaña y se contradice. La oposición no proviene de las ONG, sino de la desacertada gestión. Si es “injusto” que la ciudadanía financie “con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido”, clama al cielo que la corrupción rampante desvalije impunemente la hacienda pública. La raíz del descontento popular está en la estructura socioeconómica, caracterizada por una desigualdad cada vez más profunda. Algo que Bukele reconoce al afirmar que la situación de la comunidad de El Bosque no es única.

Ciertamente, los Gobiernos posteriores a 1992 profundizaron aún más la desigualdad. Pero en seis años, Bukele tampoco la ha tocado. Dice bien al afirmar que todos ellos “comen de las necesidades de la gente”. Pero dice parcialmente, porque él también lo hace. No debiera, pues, extrañarse ni quejarse de los gritos contra el dictador, que surgen desde las profundidades de esas desigualdades. Esos gritos cesarán cuando comience a cerrar la diferencia entre los que tienen y no tienen, entre lo que son y no son. Sin reformas radicales, la represión es la alternativa para retener el poder.

La comunidad de El Bosque señaló el sendero para hacerse escuchar. La brecha abierta es una invitación para los que buscan atenuar sus penurias. Al cabo de seis años de indiferencia e inacción, confiar es condenarse a permanecer en la desventura.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.