Nuevo revés para los cinco de Santa Marta

Lo que está sucediendo con los cinco ambientalistas de Santa Marta es injustificable desde todo punto de vista. Después de ser acusados, encarcelados y procesados por casi dos años, tiempo durante el cual los fiscales no pudieron demostrar su culpabilidad, el 18 de octubre el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque decretó su sobreseimiento definitivo. Sin embargo, la Fiscalía apeló la resolución ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, que el 26 de noviembre anuló el juicio y ordenó que se repitiera en otro juzgado. Antes de ello, la Cámara había evitado sentar posición sobre el caso, pero ahora que las juezas del tribunal lo resuelven, ha salido al paso.

Lo que ha hecho la Cámara es equivalente a pitar un penalti inexistente a favor de la Fiscalía. Este tipo de irregularidades en el sistema judicial se producen cuando la corrupción socava sus bases para negarle a la ciudadanía el acceso a la justicia. De acuerdo a Transparencia Internacional, en términos generales, la corrupción judicial se divide en dos categorías: la primera, la interferencia de otro poder del Estado en los procesos judiciales; y la segunda, el soborno. Cuando sucede lo primero, los jueces y juezas independientes son transferidos a localidades remotas, despedidos o presionados para que renuncien.

En un sistema corrupto, los funcionarios judiciales no se nombran con base al mérito, sino en función de su cercanía y obediencia al poder. A los jueces considerados “problemáticos” se les retira de casos delicados, y estos son asignados a jueces o tribunales más complacientes. Todo ello no solo es cuestionable en sí mismo, sino que tiene consecuencias graves para la ciudadanía. Debido a esta corrupción, la voz de los inocentes no es escuchada y los victimarios actúan con total impunidad. Cuando la justicia cede ante la corrupción, la sociedad en su conjunto sale perdiendo.

En ese sentido, el caso de los cinco de Santa Marta no solo les atañe a ellos y a sus familias, sino que es un asunto de todos, porque esta manipulación de la justicia puede golpear a cualquiera. Los jueces de la Cámara de la Segunda Sección de Cojutepeque se han valido de un formalismo para revertir el fallo. El caso confirma que el poder judicial, como en el pasado, está siendo instrumentalizado para la persecución política. Este es el país que tenemos, un El Salvador en el que, como dijo monseñor Romero citando a un campesino, la justicia es como la serpiente: solo muerde a los descalzos. Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Antonio Pacheco y Saúl Rivas seguirán viviendo un calvario.