Por Carla Ayala

El 29 de diciembre del año pasado, la agente Carla Ayala Palacios fue herida y desaparecida por un miembro del Grupo de Reacción Policial después de la fiesta de fin de año realizada en la sede de esa unidad élite de la PNC.

A petición de la familia de Ayala, el 7 de marzo el Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) presentó ante el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador una querella por la desaparición de la agente.

La acción fue presentada por el P. José María Tojeira, director del Idhuca, y Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Instituto. “Es un caso de litigio estratégico, pues denota que ha habido muchas fallas en el sistema, denota una clara responsabilidad estatal, es una clara violación de los derechos humanos al tratarse una desaparición forzada y falta ver si se pueden sumar otros delitos”, afirmó Baulenas.

El abogado también explicó que “ha habido mucha irresponsabilidad por parte de la dirección de la PNC y, como consecuencia, se está revictimizando a los familiares”. Por ello, además de asesoría legal, la institución está dando acompañamiento psicosocial a la familia de Ayala.

Para Baulenas, “el caso de Carla Ayala es un ejemplo más de la profunda crisis de la Policía, una crisis que la dirección no quiere ver o por la que trata de aparentar normalidad”. “No se puede hablar de normalidad, hay un problema profundo que va a seguir aumentando mientras no se empiece a remediar”, dijo.

Las críticas al sistema judicial, especialmente hacia la PNC, han aumentado en los últimos meses. Los medios de comunicación han ventilado casos que cuestionan seriamente el accionar de la PNC. En esa línea, un estudio publicado en 2016 por el Iudop y la Universidad de Florida señaló que solo el 16% de la población dice confiar en la Policía.