Claro rechazo a la minería metálica

“Oceana Gold está fuertemente comprometida con el sostenimiento de los más altos estándares de salud, seguridad y medioambiente, ya que se basa en el fuerte apoyo de la comunidad hacia el proyecto El Dorado”, se lee en el sitio web de la empresa Pacif Rim-Oceana Gold, que ha demandado al Estado salvadoreño por la concesión de permisos de explotación minera en Cabañas. ¿Por qué la empresa transnacional afirma contar con el apoyo de la comunidad?, ¿realmente tiene el respaldo de los lugareños?

Para comprobar la veracidad de esta afirmación y darle voz a la población de las zonas potencialmente afectadas por proyectos mineros, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), con el apoyo de Oxfam América, realizó una encuesta a 1,220 residentes de los 23 municipios donde se autorizó la exploración minera. Los resultados del sondeo “Opiniones y percepciones hacia la minería metálica en El Salvador” se presentaron públicamente el 16 de julio, en conferencia de prensa en la Sala del Consejo Universitario.

Los datos arrojados por el sondeo, de acuerdo a Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social, muestran que “la afirmación de que la explotación minera cuenta con el apoyo de la población es falsa”, pues el 79.5% de los encuestados considera que El Salvador no tiene las condiciones para hacer minería metálica; el 76% se expresa en desacuerdo con la apertura de proyectos mineros en los municipios donde reside; y el 77% cree que el Estado salvadoreño debe prohibir definitivamente la minería metálica.

Este claro rechazo de los encuestados, que en su mayoría residen en municipios aledaños a la cuenca del río Lempa, se sustenta en los graves daños medioambientales que genera la industria minera y a que no la consideran una fuente viable para el desarrollo de sus comunidades. Entre los efectos negativos de la minería señalados por la población se encuentran la contaminación del agua (89.9%), la tala de bosques y espacios verdes (88%), la contaminación del aire (85.1%) y los daños a la vida de los animales silvestres (79.1%).

Al consultarles si habría alguna contribución de la minería metálica al desarrollo económico del municipio, el 63.1% dijo que sería poca o ninguna, mientras que el 36.8% cree que podría aportar algo o mucho; seis de cada diez consideran que las posibilidades de que los proyectos de minería generen fuentes de empleo son pocas o inexistentes. Además, un 86.5% de los consultados aseguró que no le gustaría trabajar en una mina, frente al 13.5% que respondió afirmativamente.

Y es que un 59.1% considera que los principales beneficiados con la riqueza que genera la minería son las empresas; el 39.2% considera que sería el Estado o el Gobierno; y solo el 1.7% cree que habría beneficios para los trabajadores. En definitiva, el 75.9% asegura que su forma de vida se vería beneficiada en poco o nada con la apertura de un proyecto minero en su municipio.

Sobre la demanda interpuesta por Pacif Rim-Oceana Gold contra El Salvador por negarle el permiso para la extracción de oro, un 71.5% dijo desconocer el litigio. Del 28.5% que aseguró tener conocimiento sobre el caso, el 92.8% está en contra de que una empresa extranjera obligue al país a dar permisos de explotación minera.

En la encuesta también se consultó sobre la minería metálica transfronteriza, específicamente la que se desarrolla en Guatemala y Honduras. El 54.2% afirmó tener conocimiento de estos proyectos y sus consecuencias en los recursos hídricos del país; el 45.8% manifestó no conocer al respecto. Entre el grupo que aseguró estar informado sobre el tema, el 94.7% indicó que el Estado salvadoreño debe promover un acuerdo regional para el cuido de las fuentes de agua compartidas con sus vecinos centroamericanos.

En el sondeo también se exploraron las percepciones de la población sobre la situación ambiental del país. Al respecto, el 93.9% opina que el medioambiente salvadoreño está algo o muy dañado, mientras que solo el 6.1% considera que está poco o nada deteriorado. Los principales problemas identificados son la deforestación (49.9%), la contaminación y escasez del agua (14.1%) y el mal manejo de la basura (13.6%). Y las principales causas del daño al medioambiente, la falta de aplicación de leyes (21.7%), la poca educación y cultura (17.7%) y la explotación irracional de los recursos naturales (17%).

Andreu Oliva, rector de la Universidad, explicó que el estudio se difunde en un contexto de crisis medioambiental. “Una situación que pone en riesgo la vida humana de esta generación y las futuras generaciones, pero también el resto de la vida vegetal y animal”. Destacó que los resultados se pueden analizar a la luz de Laudato si, la última encíclica del papa Francisco, que hace énfasis en “una ecología integral que pone en el centro la vida de todos los seres de la creación”, vinculando directamente la justicia social con el cuidado del medioambiente.

De acuerdo a Serrano, la encuesta, realizada entre el 17 y 26 de abril, constituye un insumo para que el Gobierno tome decisiones sobre la explotación minera. Este es el segundo estudio que elabora el Iudop sobre el tema; el primero se desarrolló en 2007.

Para socializar el sondeo y analizar sus hallazgos, el Iudop realizó un foro abierto a todo público el 21 de julio. Participaron como ponentes Juliana Turki, coordinadora del Programa de Industrias Extractivas en Centroamérica de Oxfam América; Luis Parada, abogado defensor de El Salvador en el conflicto con Pacific Rim-Oceana Gold en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi); Laura Andrade, analista del Iudop; y Andrés Mckinley, especialista en agua e industrias extractivas del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).