"Me arrodillé a pedirle a Dios (...) gateando me metí debajo de unos matorrales (...) se oían los gritos de los niños, de mis niños que los estaban matando", relata Rufina Amaya en el documental El Mozote, en la fila de la muerte.
El 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, ubicado en el departamento de Morazán, el Batallón Atlacatl capturó a todos los que se encontraban en el lugar. Al siguiente día, luego de pasar la noche encerrados, fueron ejecutados por grupos. De acuerdo al testimonio de Amaya, una de los pocos sobrevivientes de la matanza, primero asesinaron a los hombres, luego a las mujeres y por último a los niños, incluidos bebés de solo meses de edad.
Este operativo militar, denominado "Operación rescate", también cobró la vida de cientos de civiles que vivían en los caseríos La Joya y Los Toriles, siempre al norte de Morazán. De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, cerca de novecientas personas fueron asesinadas. La masacre de El Mozote es considerada la mayor agresión contra la población civil cometida por agentes gubernamentales durante la guerra salvadoreña.
Ahora, 27 años después, y en el marco del 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) rindió un homenaje a todas las víctimas de El Mozote y a aquellos que luchan por los derechos fundamentales.
En la actividad, realizada el 10 de diciembre en el auditorio del Edificio de Aulas "D", tras la proyección del documental se entregó el reconocimiento "Jon de Cortina", con el que se valora la labor y entrega en la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos, a la hermana Nydia Ramos, directora del Colegio Sagrado Corazón.
Durante años, la hermana Ramos ha exigido justicia para el caso del asesinato de Katya Miranda, quien al momento de su muerte cursaba sus estudios en el Colegio. También se entregó un reconocimiento a los familiares de los fallecidos en el autobús que quedó atrapado en las inundaciones de la Colonia Málaga, por su sostenido esfuerzo en pos de que la Fiscalía General de la República abra el caso y se posibilite así la obtención de una compensación moral y económica para las víctimas.
Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, explicó que vivimos en un mundo donde la memoria es "muy corta" y por esta razón "las heridas no sanan, sino que se infectan más". En este sentido, piensa que el olvido no es solución en los casos de violación a los derechos humanos; "Pedirle a la gente que olvide es pedirle que se niegue así misma".