Rompiendo barreras a la educación superior

“Podemos decir que en la Universidad no discriminamos a nadie, cualquier puede venir a estudiar. Pero cuando encontramos barreras de todo tipo, ya es una discriminación pasiva”, expresa Jenny Chinchilla, usuaria de sillas de ruedas y una de las asistentes al foro “Educación inclusiva. Rompiendo barreras a la educación superior”, que se desarrolló en la UCA el viernes 5 de septiembre. En el evento, impulsado por la Dirección de Postgrados y organizado por el Departamento de Ciencias de la Educación y la Maestría en Política y Evaluación Educativa, se plantearon los avances y los desafíos de la inclusión en la educación superior.

Mauricio Trejo, jefe del Departamento, inició el foro con dos preguntas generadoras: “¿Responden nuestras instituciones de educación superior a las necesidades de desarrollo profesional de las personas con discapacidad?, ¿existe disposición institucional para que se integren en condiciones las mejores condiciones para su profesionalización?”. Amplió que la calidad educativa se fundamenta en el derecho humano al desarrollo y al bienestar, lo que implica que la capacidad de atender a la diversidad es un criterio calidad. Las respuestas a estas interrogantes se desarrollaron a partir de la participación de tres estudiantes universitarios con discapacidad, quienes también participan en esfuerzos nacionales de derechos para este sector, y una presentación de la Universidad Iberoamericana de México, D.F.

La Política de Educación Inclusiva, presentada por Patricia Andreu, especialista del Departamento, es muestra del compromiso estatal y del Ministerio de Educación de asegurar los recursos institucionales, financieros y materiales para la puesta en marcha y desarrollo de la inclusión en todos los niveles educativos. La Política define la educación inclusiva como el “conjunto de respuestas educativas orientadas a la eliminación gradual y efectiva de las barreras de acceso y participación que faciliten el cumplimiento del derecho efectivo a una educación oportuna, integral, de calidad y en condiciones de equidad”.

En todos los niveles educativos hay un compromiso por garantizar normas y prácticas de gestión de inclusión, desarrollar una práctica pedagógica que tome en cuenta la diversidad de estudiantes, promover permanentemente una cultura educativa de valores, compromisos y actitudes favorables a la inclusión, y garantizar ambientes educativos libres de barreras con recursos estratégicos para el acceso a la educación. Estos compromisos aplican en todos los niveles educativos, destacó Andreu. “Es un reto personal e institucional, hay una necesidad de ajustar nuestra oferta educativa, pero es actitudinal también. Debemos aprender a no ver la diferencia, más bien ver la diversidad”.

Nadia García, estudiante de postgrado de la UCA con problemas de visión, expresó que muchas de las barreras al acceso de la educación superior son actitudinales, iniciando con los procesos de nuevo ingreso que etiquetan la discapacidad como una enfermedad o la imposición de requisitos adicionales como un examen médico para medir “si es una persona apta” para estudiar una carrera. Adicionalmente, las barreras para la población con ceguera o baja visión son comunicacionales, por la necesidad de contar con otros recursos para acceder a la información escrita en pizarras o proyectada en clase, por ejemplo. “Para las personas ciegas, la barrera comunicacional es algo que nos afecta mucho y nos limita mucho la igualdad de oportunidades en nuestro derecho a la educación”.

En algunos casos, la primera barrera a la educación es la familia que sobreprotege y limita las posibilidades de desarrollo personal del familiar, dice Chinquilla. Además, a su juicio, pocas personas con discapacidad han tenido acceso a la educación superior por las múltiples barreras que presentan docentes, estudiantes y administrativos, actitudes que “duelen más que una grada” para una usuaria de silla de ruedas. Al solicitar un apoyo de acceso a las clases, la respuesta era “esto no es mi problema, es tu problema”. No obstante, reconoció que hay avances gracias al trabajo de las organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad. Y aclara que “no tenemos una discapacidad, tenemos una deficiencia. El entorno tiene la discapacidad, la sociedad, el trabajo, la universidad, porque tienen muchas barreras que dificultan la inclusión en el tema educativo”.

Finalmente, William González, estudiante sordo de la Universidad de El Salvador, compartió su experiencia personal y la lucha de su familia para abrir un bachillerato que imparte clases con lenguaje de señas. El compromiso de la UES de proveer intérpretes le ha abierto la puerta a estudiar una carrera, aunque aún debe lidiar con dificultades actitudinales por parte de docentes y estudiantes, quienes no demuestran disposición a adecuarse a su condición. Sin embargo, ello no ha menguado sus ganas de superarse: “Ya voy a terminar la licenciatura, pero no quiero quedarme aquí. Quiero una maestría y doctorado también”.

Como perspectiva internacional, se proyectó una experiencia del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana de México, D.F., universidad jesuita que atiende a estudiantes universitarios con discapacidad intelectual, en su programa Construyendo Puentes. Los estudiantes participan plenamente en la universidad a través del programa, que tiene como énfasis la preparación para la vida laboral en un ambiente de no discriminación e inclusión.

El Foro, con la participación de los asistentes, finalizó destacando que las instituciones de educación superior deben garantizar el acceso de las personas con discapacidad, pero no solo en los aspectos arquitectónicos, sino incluir el acceso a la comunicación, tomándose como referente los mandatos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, al personal administrativo se le debe ofrecer información y formación sobre los requerimientos para atender adecuadamente a personas con discapacidad. Es necesaria, además, una orientación básica para las adecuaciones pedagógicas por parte de los docente, a fin de garantizar la inclusión plena al proceso educativo.