"Militantes del día... / No permitáis que el miedo os obligue, / que os posea la duda, o tal vez la indiferencia... / Atad a vuestro pecho vuestra consigna blanca / y levantad la mano, la voz, / la verdad toda. / Que os hierva la sangre / por cada hermano muerto, / de aquí, de allá, donde pisa la guerra / si ha de llamarse guerra cuando el grande se ensaña / y destruye las arcas humildes del pequeño. / ¡No calléis a esta hora! / ¡No calléis, os lo ruego!". Así reza parte del poema Seres de luz, escrito por la colombiana Judith Bautista y utilizado en talleres dirigidos a víctimas y sobrevivientes de masacres en distintos municipios del país.
Decenas de comunidades en todo el país lidiaron, por muchos años, con las secuelas psicológicas de la guerra civil. El proceso de recuperación es difícil y lento, pero gracias al trabajo realizado por instituciones como el Centro Bartolomé de las Casas, una organización de la Orden de Predicadores Dominicos, las comunidades están adquiriendo conciencia de la necesidad de denunciar lo que sucedió en su pueblo y con su gente; y de esta manera reivindicar su dignidad y autoestima.
Desde 2003, dicho centro dominico echó a andar en el municipio de Arcatao, Chalatenango, un programa de acompañamiento terapéutico y psicosocial a los sobrevivientes de masacres, con el objetivo de "dar y proporcionar herramientas a la gente de la comunidad, que pudieran ayudar a sanar o autosanar los traumas postconflicto armado", explica Ana Deisy García, del Centro Bartolomé de las Casas y una de las responsables del trabajo en la localidad.
Durante año y medio, personas de la comunidad participaron en talleres, seminarios y terapias grupales que, poco a poco, fueron dando frutos. De acuerdo a García, "la gente, muy consciente ahora de su memoria y de su historia tanto personal como comunitaria, también estaba como muy clara en querer forjar unas acciones a nivel más comunitario, de dar una vista pública al tema de la memoria de la comunidad".
Gracias a ese entusiasmo, en 2005 se formó el Comité de la Memoria y Sobrevivientes en Arcatao, con tres grandes objetivos. El primero, recolectar testimonios de los habitantes de la zona, que luego fueron publicados en un libro; el segundo, abrir un museo comunitario de la memoria, cuya construcción, hasta la fecha, continúa en espera, pues el proyecto requiere mucha investigación e inversión; y el tercero, realizar exhumaciones en las zonas de las masacres.
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) inició su trabajo con la comunidad chalateca en 2005. Desde entonces, los pobladores de Arcatao y el IDHUCA participan conjuntamente en actividades en pro de los derechos de las víctimas. "Hemos estado presentes, sobre todo, en la parte de reparación moral, a través de acciones públicas para que ellos denuncien, den a conocer lo que pasó; como un espacio de reivindicación (...) ante la sociedad", dice Camelia Cartagena, del IDHUCA.
Por ejemplo, los miembros de la comunidad participaron en el Encuentro Nacional de Víctimas, que se llevó a cabo el 17 de noviembre del año pasado en la Plaza Cívica; también han colaborado, junto con otras comunidades, en la elaboración de un mapa de masacres de El Salvador. Con dicho instrumento, hasta ahora se han identificado cerca de setenta lugares donde ocurrieron matanzas colectivas.
De esta manera, el Centro Bartolomé de las Casas ha acompañado a las víctimas proporcionando atención psicológica, y el IDHUCA apoyando el proceso de reparación moral, denuncia y organización comunitaria. En esta lógica, y en la medida que encontrar los cuerpos de los familiares y vecinos es clave en el proceso de sanación de víctimas y sobrevivientes de masacres, es grande el interés de ambas instituciones por realizar las exhumaciones del caso.
"Mucha gente dice que para qué seguir con esto. Hablan del perdón y olvido, y a veces, de tanto escucharlo, uno dice ‘pues quizás es cierto’. Pero para quienes han sufrido esto... ¿con qué cara se les pide que olviden? (...) Por esto, el trabajo de la exhumación nos da muchas posibilidades para mejorar el estado mental y psicológico (de las víctimas)", afirma Ana Deysi García.
Por el momento, en Arcatao y sus alrededores, donde se calcula fueron asesinadas cerca de 1,200 personas, se está trabajando en tres casos de exhumación. Abogados del IDHUCA ya realizaron las entrevistas; han iniciado los trámites legales en la Fiscalía, la alcaldía de Arcatao y Medicina Legal; y han contactado a un grupo de antropólogos guatemaltecos, que realizarán por cuenta propia las tres exhumaciones, planeadas para noviembre de este año.
"Que se estén dando los primeros pasos después de tantos años, que la gente esté dispuesta a hablar, es importante y nos afirma que el trabajo de la reparación psicosocial y el organizativo es elemental para todos los lugares donde se dieron masacres. Nuestros ojos deben estar puestos en estas comunidades, porque si a la gente no se le alienta, eso va a quedar en el olvido", afirma Camelia Cartagena. Esa actitud de denuncia, como expresa Ana Deysi García, demuestra que "el trabajo que se ha ido haciendo anima a otros a hablar y a contar su historia, y a decir, con mucha propiedad, ‘no quiero que me sigan haciendo esto, ¡hasta aquí, necesito mi dignidad!’".
Se espera que las tres exhumaciones que se realizarán este año sean solo las primeras de una larga serie, y que abran las puertas para dar el siguiente paso: la reparación judicial, que implicará exigirle al Estado que rinda cuentas por el daño moral producido a las víctimas. Además, el proceso de exhumación es importante porque, como afirma Camelia Cartagena, se "bota el mito de la amnistía", pues las personas "se van empoderando de ese derecho que tienen como víctimas y van tomando conciencia de que esos crímenes son de lesa humanidad, y que, por lo tanto, son imprescriptibles, son inamnistiables".
Alcanzar justicia en los crímenes cometidos en Arcatao no solo traería sanación para las víctimas directas, sino que posibilitaría el reencuentro de la sociedad salvadoreña. Y es que, como reflexiona Ana Deysi García, "las víctimas no son solo las personas que sufrieron directamente la guerra; víctimas somos todos, ya que el ocultamiento de la memoria histórica y de la verdad es también un arrebato de nuestra propia dignidad. Al estar conscientes de nuestra historia, sabríamos bien los pasos que debemos (...) dar para nuestro futuro".
Durante los años de la guerra (1979-1991), cerca de 75,000 salvadoreños fueron asesinados; el 80% de ellos eran civiles. Con la firma de los Acuerdos de Paz, se creó la Comisión de la Verdad, organismo que investigó las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto, y que presentó, en 1993, un informe en el que dio a conocer una lista de 13,569 casos catalogados como "crímenes de guerra". La mayoría de estos asesinatos fueron atribuidos a la Fuerza Armada de El Salvador y a los escuadrones de la muerte. Pero cinco días después de que la Comisión hiciera público su informe, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de amnistía general que abarcaba todos los hechos violentos ocurridos durante la guerra. Desde entonces, la mayoría de víctimas y sobrevivientes de las masacres optaron por guardar silencio; ahora, a pesar de las cicatrices en sus memorias, quieren exhumar sus historias, que también son las nuestras.