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Los comicios del 1 de marzo de este año pusieron a prueba al sistema electoral salvadoreño: se aplicaba por primera vez, y con muy pocos preparativos, la modalidad del voto combinado (comúnmente conocido como cruzado); la instalación de concejos plurales en los municipios; y la votación por rostros para elegir diputados al Parlamento Centroamericano.
La prueba, sobre todo en la etapa del conteo de votos, dejó en evidencia las debilidades del sistema electoral: el fallo informático en la transmisión de datos y el mal llenado de las actas por parte de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) generaron sospechas y dudas respecto a la confiabilidad de los resultados, al grado de que una sentencia de la Sala de lo Constitucional obligó a un recuento de los votos para la elección legislativa en San Salvador.
Con el objetivo de analizar con fundamentos lo sucedido el 1 de marzo y, sobre todo, identificar los grandes retos que dejan estas elecciones de cara al fortalecimiento del sistema democrático, el 28 de mayo, en el Auditorio “Segundo Montes, S.J.”, se llevó a cabo la Cátedra de Realidad Nacional “El sistema electoral en la encrucijada: balance de las elecciones 2015”.
En la actividad, organizada por la Vicerrectoría de Proyección Social, se contó con la participación de Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE); Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional; y Álvaro Artiga, politólogo y director de la Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales. La moderación de la Cátedra estuvo a cargo de Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social.
En la primera parte, los ponentes respondieron por turnos a una misma pregunta: ¿qué hay que destacar del pasado proceso electoral para retomar lecciones de cara al futuro? Olivo aseguró que “se ha querido analizar el fenómeno a partir de un sistema que falló (...). Como que eso fue la hecatombe para calificar todo el proceso electoral”. Y explicó que, a pesar de una serie de limitantes (como la reducción del presupuesto del Tribunal para salarios, hora extras, adquisición de bienes y servicios, y publicidad y prensa), el organismo que dirige garantizó el sufragio, logró subsanar problemas logísticos importantes (como la impresión de cerca de 16 millones de papeletas) y cubrir el costo de implementar el voto cruzado: 700 mil dólares que no estaban previstos.
A pesar de estos esfuerzos del Tribunal, y de la situación económica y jurídica que pudo condicionar al evento electoral, de acuerdo a Artiga, “estas elecciones estaban, de alguna manera, condenadas a tener problemas en el escrutinio, incluso sin la sentencia de la Sala que habilita el voto combinado”. El politólogo indicó que ya en las elecciones de 2012, con el voto preferencial, “se habían mostrado problemas en el conteo” y que gracias a una investigación detectaron “inconsistencias en el total de marcas y el total de papeletas que deberían sumar”. Por lo tanto, para Artiga, las dificultades en el conteo de votos no sorprenden, y entre sus causas principales están las deficiencias y la falta de preparación de las JRV. “Del llenado de las actas no habría que culpar al Tribunal; quienes deberían de capacitar a las JRV son los partidos políticos”.
En esta línea, González destacó la necesidad de que el TSE disponga de herramientas para controlar el trabajo que realizan las Juntas. “No se puede culpar a los cinco magistrados del Tribunal por errores, inconsistencias o verdaderas actuaciones de mala fe que pudieron haber sucedido en las elecciones del 1 de marzo si no actúan las JRV bajo un control del Tribunal”, apuntó. Además, el magistrado explicó que las sentencias de la Sala en materia electoral obedecen a que el voto libre e igualitario es un derecho constitucional y que la eficacia de este tipo de derechos “no depende de la interposición del legislador”, pues “los derechos fundamentales no están en el congelador a la espera de que venga una ley que los desarrolle”, “son exigibles haya o no desarrollo legislativo”. En este sentido, a su juicio, es necesario entender el derecho al voto en su totalidad, pues no solo es “marcar una papeleta, sino también lo que pasa después y lo que se hace con ese voto”.
Luego del análisis del contexto en el que se dieron las elecciones, se dio paso a la segunda parte de la Cátedra: ¿qué hay que hacer para el avance del sistema electoral en materia jurídica e institucional? Entre otros puntos, González señaló que los partidos y la Asamblea deben asumir “la tarea de hacer una reforma electoral consensuada”; y debe haber “lealtad institucional”, es decir que pese más “el respeto al elector” que el apego a otros intereses. “La pelota está en la cancha del órgano legislativo”, dijo el magistrado. Algo en lo que coincidió Artiga, pues, para él, los comicios del 1 de marzo mostraron que el camino no es hacer la reforma electoral a “golpe de Sala”.
Por su parte, Olivo mencionó algunas propuestas de cara a mejorar y fortalecer el trabajo del TSE: realizar un seminario de evaluación interno y externo con universidades, organizaciones y partidos políticos, en el que se diseñe un plan quinquenal para definir las bases de los próximos eventos electorales; “recuperar territorio”, no solo en lo relacionado al trabajo de las JRV, sino también en la Junta Electoral Municipal (JEM) y otras instancias electorales temporales; en vez de “ciudadanizar”, “profesionalizar” el trabajo electoral con una escuela de capacitación electoral pública y permanente, que forme y acredite a los interesados en participar en las JRV o la JEM; elaborar un marco legal que evite cambios de último momento a las reglas electorales; una reingeniería administrativa del Tribunal; y la depuración del registro electoral. Ningún cambio es posible en materia electoral si no hay un “pacto de nación entre todas las fuerzas políticas y actores”, acotó Olivo.
