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El Grupo Gestor por la Aprobación de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, compuesto por diversos colectivos y organizaciones de derechos humanos (el Idhuca, entre ellas), presentó el 31 de agosto a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que establece medidas de reparación a cargo del Estado en beneficio de quienes sufrieron graves violaciones a derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario entre el 1 de enero de 1970 y el 15 de enero de 1992.
La normativa busca reivindicar el honor, la dignidad y la moral de las víctimas que, al no haber sido amparadas por el Estado durante el conflicto y al no tener presencia en los discursos y actos públicos, no han obtenido verdad, justicia y reparación, dice Manuel Escalante, asesor e investigador del Idhuca.
Sin embargo, que las víctimas no aparezcan en los discursos oficiales no significa que han estado calladas e inactivas. Según Escalante, “la ley es producto de 25 años de trabajo de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas que han echado mano de la vía de la institucionalidad para exigir que se cumplan sus derechos y que el Estado responda; no han sido pasivas ni violentas, han utilizados vías judiciales”.
Se reconoce como víctimas, explica el investigador, a personas que antes y durante el conflicto armado sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos, tales como violencia sexual, torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales individuales y colectivas. Actos cometidos durante el período señalado y que pudieron ocasionar daños patrimoniales, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, etc.
“La creación de esta ley es respuesta a una deuda histórica, pues en 25 años todo ha girado en torno a los victimarios, no a la población que se vio afectada”, afirma Escalante. En este sentido, la ley propone la creación de un registro de víctimas, un fondo económico al que se destinaría el 1% del Presupuesto General de la Nación y una institución que trabaje con plena autonomía para garantizar la restitución, compensación y satisfacción para este sector de la población. El proyecto detalla medidas de reparación económicas, psicosociales, en materia de memoria histórica y otras especiales (por ejemplo, para personas reencontradas).
La propuesta legislativa se enmarca en la justicia transicional, un tema que la UCA viene trabajando desde hace años y por el cual el Idhuca ha dado acompañamiento técnico al Grupo Gestor en distintas etapas del proceso.
“Debemos entender la reparación como una garantía de no repetición de estos hechos y a las víctimas no como víctimas del pasado, sino también del presente. Son un espejo para ver la realidad actual y a las víctimas de los nuevos conflictos sociales que estamos enfrentando”, dice Escalante.
