Más de 6 mil personas que viven en la zona de la Costa del Sol podrían quedarse sin sus viviendas si el Gobierno salvadoreño no interviene en los movimientos de desalojo que impulsan inversionistas privados. Los afectados consideran que el Fomilenio para la zona costera debería de estar acompañado de iniciativas que les permitan gozar de seguridad jurídica con respecto a los terrenos donde edificaron sus casas.
