¿Separar el agua del saneamiento?

La comisión legislativa que analiza las propuestas de incluir el derecho al agua en la Constitución ha decidido añadirlo aislado, separándolo del saneamiento. Un error tonto, característico de ignorantes y de personas que utilizan la inteligencia malignamente, en favor de intereses que pretenden quedar ocultos, pero que son los de los poderosos. Intereses que, por supuesto, van en contra del bien común y del mismo derecho al agua, necesitado por toda la población y negado a una buena parte de la misma. En efecto, el derecho al agua, reconocido por Naciones Unidas en su Asamblea General del año 2010, no separa el agua potable del saneamiento, como si fueran dos cosas diferentes. El texto dice claramente en la resolución de la ONU que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. En otras palabras, no son dos derechos, sino uno y el mismo.

Algunos diputados, plagados de ignorancia y probablemente de malicia, han querido distinguir entre el derecho al agua potable, al que reconocen como tal, y el saneamiento, al que no consideran un derecho sino un servicio público. La trampa está montada en esa posición. Porque un derecho no se puede privatizar ni dar en concesión a privados; mientras que un servicio público sí se puede concesionar a privados. La privatización, que siempre dicen los diputados que no va a darse, está claramente pensada cuando se distingue entre derecho y servicio público. El derecho al agua lo cumplen supuestamente estos pésimos legisladores poniendo una llave o grifo en una calle, para que la gente tenga acceso al agua potable, pero el saneamiento lo pueden encargar a empresas. El espectáculo constitucional (?) está montado: quien desee agua para beber que vaya a la fuente o a la llave de la calle. El que quiera agua para bañarse, lavar ropa o utensilios de cocina, que pague a una empresa privada concesionada por el Gobierno.

Las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen siempre derecho a la verdad. Y las víctimas de la carencia o escasez de agua tienen derecho a la verdad sobre ese derecho que es único y que implica simultáneamente el agua y el saneamiento. Al final, la inclusión del derecho al agua separado del saneamiento en la Constitución es una pésima trampa. La típica trampa de cazadores que piensan que son demasiado inteligentes y que olvidan que el sentido común de la gente es mucho más fuerte que las argucias enrevesadas de los constructores de leyes falsas. Muy pronto, esta misma semana, un amplio grupo de instituciones y personas presentará a la Asamblea Legislativa miles de firmas insistiendo en el derecho al agua y al saneamiento, y oponiéndose clara y rotundamente a cualquier tipo de privatización.

 Quienes rechazan el mandato de las Naciones Unidas de “intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento” tendrán que enfrentarse con una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos. El pueblo salvadoreño desea que todas las casas, todos los hogares, tengan agua. Y que su distribución, aunque haya que costearla, no tenga fines de lucro. Nuestra gente conoce el objetivo seis (6) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no separa el agua y el saneamiento, como quieren hacer algunos de estos diputados rastreros.

Hasta la fecha, el agua ha sido manejada en El Salvador en beneficio de quienes tienen más. A los pobres se les ha dejado a su buena o mala suerte. El servicio de ANDA, incluso para la clase media, ha sido deficiente, corrupto, caprichoso y lento para solucionar problemas. Ha sido incapaz de universalizar en favor de toda la población un derecho básico que no tiene colores políticos. Si algo debiera sentir la Asamblea Legislativa como institución es vergüenza por su lentitud en tomar decisiones y su incapacidad de dictar una ley adecuada sobre el derecho al agua y al saneamiento que satisfaga a todos. Los diputados que quieren separar agua potable y saneamiento dejan abierta la posibilidad de que las cosas sigan igual. La ciudadanía consciente, cada vez más mayoritaria, quiere que se respete su derecho pleno al agua y al saneamiento, y que el servicio de este derecho sea administrado por el Estado, sin ánimo de lucro.

* José María Tojeira, director del Idhuca.