A favor de la Ley General de Aguas

El jueves de la semana pasada, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y el Rector de la UCA presentaron en la Asamblea Legislativa una propuesta que busca superar el estancamiento de la Ley General de Aguas. Después de lograr consenso sobre más de noventa artículos de la Ley, los partidos políticos se paralizaron en el tema del control del ente que regirá la política del agua. La propuesta de la Procuraduría y la UCA parte del hecho de que el agua es un bien público y que, por tanto, las políticas en torno a la misma deben estar dirigidas desde el Estado. Pero al mismo tiempo, precisamente por ser un bien público indispensable para la ciudadanía, los niveles de participación de la sociedad civil tienen que ser altos. Y así la propuesta en mención establece una doble institucionalidad.

Primero, un ente regulador de carácter público, compuesto por la mayoría de los ministerios así como por algunas otras instituciones estatales. Dicho ente sería el cargado de las políticas, la autoridad máxima. Segundo, un Consejo Nacional de Aguas, que debe ser consultado obligatoriamente y en el que estaría representado todo el abanico de instituciones de la sociedad civil preocupadas, implicadas e interesadas en el agua. Las Juntas de Aguas tendrían tres representantes, uno por cada cuenca hidrográfica. Lo mismo la empresa privada: tres representantes, uno por cada sector productivo (agropecuario/regantes, industrial y recreativo). Y después, hasta completar el número de trece, estarían con un representante las ONG, organizaciones de mujeres, universidades, instituciones de investigación, Iglesias, Comures y otras. Las decisiones importantes sobre el agua deberán ser consultadas y apoyadas, para que puedan tener efecto, al menos por dos tercios del Consejo. Ninguna institución del Estado tiene de momento una representatividad tan fuerte de la sociedad civil. Sería, pues, un paso interesante para El Salvador.

Frente a esta propuesta hay otra totalmente divergente. Proponen que en el ente regulador, máxima autoridad, haya solamente cinco personas: dos nombrados por la ANEP, dos por Comures y uno por el Presidente de la República. Se habla de agilidad, de menos personal, de eficiencia. Pero es evidente que detrás de esta propuesta hay un claro afán de control de las políticas del agua por parte de la empresa privada. Si Comures nombrara, como sería lógico, un representante de cada partido mayoritario, la empresa privada, tan cercana a Arena, tendría de hecho tres representantes en la institución rectora, y con ello el control de las políticas. Y eso podría ser desastroso en un país como el nuestro, en el que urge tener una política que universalice el derecho al agua potable y al saneamiento, todavía restringidos para una buena proporción de la ciudadanía o servidos sin calidad y sin la frecuencia adecuada. Desastroso porque la empresa privada, cuyos líderes no sufren problemas de agua potable o saneamiento, tiene más interés en el manejo productivo y lucrativo del agua que en un servicio de calidad universal y sin fines de lucro.

Desde muchos sectores y perspectivas a nivel mundial se ve el agua no solo como un bien público, sino también como un derecho humano básico. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano. Y establecía con claridad que el agua debe ser suficiente para cubrir todas las necesidades humanas, tanto de consumo como de aseo y saneamiento. Asimismo, debe ser saludable, siguiendo las guías de calidad de la Organización Mundial de la Salud. Debe ser accesible y asequible. Incluso se planteó el ideal de que al menos el agua para consumo humano fuera gratuita mientras durara la situación de pobreza de las personas. De hecho, el PNUD afirma que el costo del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar. En una declaración subsiguiente al reconocimiento del derecho al agua, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recordado a los Estados que velar por los derechos humanos es una responsabilidad prioritaria. Y que dentro de esa responsabilidad está el dotar de agua y saneamiento a toda la población de cada país.

En este mismo orden de cosas, el papa Francisco, en su encíclica Laudato si, ha sido enfático. Sobre el agua nos dice que “es un recurso escaso e indispensable y es un derecho fundamental que condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. Eso es indudable y supera todo análisis de impacto ambiental de una región”. Insiste en que “este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”. En el contexto salvadoreño, el hecho de que más del 50% de la población tenga diversos problemas, mayores o menores, en el suministro de agua o en el saneamiento muestra la enormidad de la deuda que el Estado tiene con nuestra gente. La aprobación de la Ley General de Aguas urge, como también es indispensable que el agua sea considerada un bien público y se garantice el servicio universal de agua potable y saneamiento. Es una obligación perentoria del Estado. Y aunque el impago de deuda pública sea un problema grave, desde el punto de vista de la ética y de la moral es más grave tener abandonada a una buena parte de la población sin su derecho al agua y al saneamiento. Esperemos que los partidos políticos sean responsables y comiencen a pagar la deuda de agua con la gente.