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Admitir la existencia de casos de desplazamiento interno forzado significaría para el Gobierno una derrota. Y la negativa a aceptar el problema empeora una situación de por sí desesperante para la población desplazada. Por esto, la posición gubernamental ante el desplazamiento interno no es indolente, sino perversa.
En el vacío que causa la omisión del Gobierno hay un creciente número de víctimas que debido a las causas mismas del desplazamiento interno forzado opta en su mayoría por no recurrir a las redes de apoyo para paliar el deterioro de su ya precaria calidad de vida. Datos publicados por Cristosal, en su Informe de desplazamiento interno forzado por violencia en El Salvador en 2017, revelan que el 37.9% de desplazados atendidos en 2017 tenía entre 0 y 17 años, usualmente miembros de un grupo familiar compuesto por tres personas.
Un reporte anterior, presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2017, señalaba que al menos el 30% de los grupos familiares desplazados estaba compuesto por una mujer cabeza de hogar y dos menores de edad. A pesar de que ambos reportes coinciden en una aparente paridad de género entre las víctimas de este fenómeno, resulta evidente considerar que un buen porcentaje de estas mujeres desplazadas es único sostén de dos menores de edad. Por ende, requieren de asistencia que tome en cuenta los cuidados que deben prestarse a la niñez y la adolescencia.
Tras ser cuestionado durante la presentación del informe de Cristosal sobre la falta de una atención integral a la población desplazada, la respuesta del Ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, fue afirmar con sorna que no puede esperarse que la PNC prepare pachas para los desplazados. El comentario es misógino a claras luces. Al Ministro le parece denigrante que el honorable cuerpo policial alimente a la niñez que no está en condiciones de proteger. Seguro si la PNC asumiese esa función, la delegaría en las agentes.
La afirmación de Ramírez Landaverde es cruel, refleja un total desdén del Ministerio de Justicia y Seguridad para con las víctimas y de lo humillante que le resulta pensar al cuerpo policial en labores de cuido. Su instancia no solo es incapaz de prevenir las condiciones que propician el desplazamiento, sino que, una vez ocurrido, se ve ofendido por la necesidad de hacerle frente.
Un adulto abandonando su patrimonio, su comunidad y su estilo de vida debido a amenazas de grupos criminales ya enfrenta una precaria situación económica y batalla para mantener un empleo estable, si es que lo tiene. Si además de ello carga con la responsabilidad de cuidar de menores de edad, el impacto económico y psicológico con el que debe lidiar es mucho mayor.
Si el Gobierno no es referente siquiera para lidiar penalmente con las amenazas u homicidios que obligan a la población a huir, ¿cómo esperar que al menos comprenda la necesidad de ampliar la atención a víctimas pensando en ellas como personas que enfrentan precariedad económica y viven una experiencia traumática, abandono de sus estudios, pérdida de su comunidad y del patrimonio? ¿Cómo, en resumen, hablar de atención integral a víctimas del desplazamiento interno forzado por violencia cuando la misma humanidad de la población desplazada resulta risible a quien debe procurar su integridad?
* Virginia Lemus, de Vicerrectoría Académica
