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El derecho al castigo corporal, otorgado a una persona para ejercerlo sobre otras, es una de las lacras de la sociedad, así como uno de los medios más poderosos para exterminar en ella todo embrión, toda tentativa de desarrollar el espíritu cívico, y constituye la base más sólida para su descomposición absoluta e irreversible.
Fiódor Dostoievski, Memorias de la casa muerta
En la actualidad, es posible observar gobiernos variopintos que abordan los problemas sociales de forma punitiva y autoritaria mostrando recurrentemente la incapacidad para resolverlos en el marco constitucional y de los derechos humanos. Sus voceros aducen que la única forma de resolver ciertas cuestiones es superar esos obstáculos y restringir la libertad. Puede suceder en regímenes considerados formalmente como democráticos pero, sobre todo, en regímenes políticos autocráticos o cleptocráticos, que requieren de poderes extraordinarios para imponer su voluntad o saquear las arcas públicas sin supeditarse a controles políticos horizontales o verticales. Giorgio Agamben, uno de los pensadores de la biopolítica –heredero intelectual de Michel Foucault– y referente más importante en la teorización de los estados de excepción, nos ayuda a comprender la situación en aquellos países donde estas excepciones se vuelven la regla. Agamben dice que “el estado de excepción, concebido en el pasado como una medida esencialmente temporal, se ha convertido hoy en una técnica normal de gobierno […] la comprensión del sentido del estado de excepción es inseparable de una investigación sobre la naturaleza y la estructura de gobierno” (2011:5).
Independientemente de las denominaciones legales, hay países con mayor tendencia que otros a imponer diversas variantes de reducción o supresión de la libertad y de la expansión de los poderes coercitivos: estado de sitio, estado de emergencia, régimen de excepción. Esta medidas suelen encajar muy bien en contextos de autoritarismo persistente donde se despliega una maquinaria represiva para afianzar el control de los poderes públicos, intimidar a la oposición política, obstaculizar el surgimiento de proyectos alternativos, elevar los costos de la crítica, criminalizar la protesta social, fortalecer un discurso que etiquete como enemigos existenciales a quienes piensen distinto y lograr un nuevo statu quo que va coartando paulatinamente la libertad bajo el pretexto de buscar soluciones a problemas estructurales o sus manifestaciones.
Al tener muchos de estos problemas profundas raíces sociales e históricas de largo aliento, la fuerza bruta, acompañada muchas veces de ruidosa propaganda y un discurso de odio, termina siendo no solo un paliativo ineficaz, sino una disposición contraproducente. En estos casos, es previsible que el estado de excepción tienda a alargarse indefinidamente hasta que las medidas extraordinarias pasan a formar parte de la legislación y se vuelven ordinarias o “naturalizadas por ley”, expandiendo el control social y posibilitando excesos impunes por parte de los poderes públicos. Conceptos abstractos como la “seguridad nacional” han sido propensos a justificar la ejecución y encubrimiento de crímenes y abusos. Se hacen excepciones a la constitución y a la legislación para perseguir objetivos partidarios y sectarios disfrazados de significantes vacíos como el “interés nacional” o por el bien del “pueblo”, que pueden ser rellenados con cualquier contenido discursivo.
Problemas de hondo calado en la región como el crimen organizado, la delincuencia común o la persistencia de grupos armados al margen de la ley suelen ser la excusa perfecta para reprimir, perseguir y/o acosar, de forma indiscriminada o selectiva a adversarios políticos y otros grupos designados como amenazas. Los agentes estatales lanzan contra la disidencia furibundas acusaciones de colaborar con “el enemigo interno o externo” aun cuando no es inusual que el Estado mismo tenga conexiones con algunos de estos grupos, como las distintas formas de simbiosis, lealtades múltiples, negociaciones secretas, alianzas público-privadas o pactos de no agresión entre agentes estatales y pandillas, cárteles del narcotráfico, paramilitares, traficantes de armas y otros que se han observado en América Latina, según el caso particular de cada país. Distintos gobiernos que han sido incapaces para identificar las causas de los problemas y elaborar soluciones viables, integrales y globales de política pública, usan la excepción de forma demagógica o como golpe de imagen que encubra su incapacidad real para abordar los problemas o maquille su debilidad frente a actores que rivalizan en poder y recursos con el Estado y que se sirven de él.
Tomado de Quino. Toda Mafalda. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1993.
Otro ejemplo de excepción bajo esta lógica se da cuando se remilitarizan países pasando por encima de consideraciones constitucionales bajo la excusa de que se han agotado los recursos ordinarios y sin importar las consecuencias que medidas de este tipo han mostrado en la trágica historia de la región. Muchos presidentes han abierto las puertas de par en par para que los militares vuelvan al protagonismo político y se conviertan en actores de veto. Tropas y presupuestos aumentan desmedidamente en detrimento de la educación, la salud, el hábitat y los servicios básicos. En no pocos casos la institución castrense o personal militar a título individual o grupal han tenido una participación directa o indirecta en golpes de Estado, han reprimido a la población civil, o han tolerado y alentado la formación de paramilitares y grupos de exterminio o de limpieza social. En México, Colombia y en los países del norte de Centroamérica, soldados, policías y carceleros han llegado a asumir de facto muchas veces el papel de jueces y verdugos, decidiendo sobre el destino de las personas, incluida la vida y la muerte.?
La pandemia fue un ejemplo de esa vertiente punitiva y excepcional del Estado, su principal faceta en sociedades donde la desigualdad es alta y las políticas sociales son insuficientes. Se puso de manifiesto el biopoder como gestión de la vida, la salud y el cuerpo bajo parámetros invasivos y autoritarios. Los gobiernos de la posverdad tomaron decisiones al margen de la comunidad médica y científica y privilegiaron, en muchos casos, el uso de la fuerza o promovieron teorías conspirativas. La emergencia facilitó un uso discrecional del dinero hasta llegar en varios casos a la corrupción lisa y llana. En el documental “La doctrina del shock”, basado en el libro homónimo de Naomi Klein, la autora señala que con ese título se refiere “al saqueo sistemático del sector público después de un desastre, cuando la gente está demasiado ocupada haciendo frente a la emergencia, a sus problemas diarios, para proteger sus intereses”. Las situaciones excepcionales dejan el arca abierta y se convierten en la ocasión perfecta para desviar fondos públicos en países con altos niveles de corrupción sistémica. A veces solo con el correr de los años queda expuesta en toda su ignominia la mortífera cloaca de corrupción que caracteriza a estos proyectos políticos de gestión autoritaria de las emergencias y las crisis.
El régimen de excepción decretado por el oficialismo salvadoreño en marzo de 2022 tras un atípico repunte de asesinatos –que de acuerdo a investigaciones periodísticas independientes del control gubernamental se habría debido a una ruptura de un pacto con las pandillas para mantener a raya la violencia homicida – hace que cobren más relevancia las siguientes preguntas de Agamben: ¿En qué forma de gobierno se inscribe el estado de excepción? ¿Cuál es la naturaleza de los actos de gobierno que corresponde al estado de excepción? La respuesta de la primera nos lleva al autoritarismo, la segunda nos muestra su consolidación y expansión, independientemente de las razones esgrimidas públicamente. En el desgarrado país centroamericano se observan rasgos que ya se han dado en otros países de la región con lamentables consecuencias: 1) un caudillo carismático con personalidad autoritaria ofrece soluciones mágicas y un puño de hierro que cautivan a quienes no alcanzan a comprender las complejas causas de los problemas sociales multidimensionales como la violencia; 2) un discurso amigo-enemigo que no deja campo para el matiz, la disidencia o el diálogo; 3) una continua apelación a las emociones básicas de la población: odio, ira, miedo. Sin embargo, toda la dureza punitiva de estas políticas de seguridad ha estado lejos de abordar satisfactoriamente las cuestiones fundamentales que constituyen un caldo de cultivo para el surgimiento y expansión de las pandillas, como la desigual distribución de la riqueza social, la precariedad de derechos básicos como el hábitat y la educación, la persistencia de la corrupción a todos los niveles, ruptura del tejido social, la cultura de violencia y otros acicates que favorecieron el poder y capacidad letal de estos grupos criminales, como la disponibilidad de armas de fuego y los acuerdos subrepticios entre funcionarios y criminales.
Por su parte, Achille Mbembe, también influido por Foucault, introduce el concepto de necropolítica y considera que “la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir” (2011:19). Se observa bajo esta concepción de la soberanía que se ejerce un control sobre la mortalidad y que la vida es definida como despliegue y manifestación del poder. El filósofo camerunés se plantea la siguiente pregunta:
¿En qué condiciones concretas se ejerce ese poder de matar, de dejar vivir o de exponer a la muerte? ¿Quién es el sujeto de ese derecho? ¿Qué nos dice la aplicación de ese poder sobre la persona que es condenada a muerte y de la relación de enemistad que opone a esa persona a su verdugo? ¿La noción de biopoder acaso da cuenta de la forma en que la política hace hoy del asesinato de su enemigo su objetivo primero y absoluto, con el pretexto de la guerra, de la resistencia o de la lucha contra el terror (p. 20)
Existen sociedades donde el uso de la letalidad por parte del Estado es el último recurso. Quienes aplican la ley tienen parámetros estrictos de proporcionalidad en el uso de la fuerza y se castigan duramente los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. En el otro extremo, hay sociedades que privilegian la perspectiva punitiva de los problemas sociales, y el abuso de poder no solo opera en la más absoluta impunidad sino que se alienta desde arriba. En países así suele recurrirse a penas extrajudiciales degradantes como el castigo físico, la tortura y el asesinato. Incluso estados constitucionales de derecho, en su rol imperialista, establecieron formas autoritarias de gobierno colonial en los territorios ocupados y cometieron atrocidades. El psiquiatra martiniqués Frantz Fanon describió con lujo de detalles la violencia colonial y sus efectos tanto en víctimas como en victimarios (Fanon, 1963). También se dan casos en los cuales esta letalidad se dirige contra determinadas clases sociales, comunidades o grupos subalternos: afroestadounidenses asesinados por policías blancos en Estados Unidos; terror policial-militar contra habitantes de favelas cariocas o de las zonas marginales y periféricas de las ciudades centroamericanas; represión y mutilación de manifestantes en Chile; desapariciones masivas de maestros por parte del ejército mexicano; falsos-positivos en Colombia, donde presentaban a víctimas del Estado como guerrilleros caídos en combate para presentar resultados favorables en la lucha contra el “narcoterrorismo”. La guerra contra las drogas en México, epítome del fracaso del paradigma prohibicionista que ha causado más daño que las drogas mismas, es otro ejemplo notable. La mano dura no ha podido detener esa transformación que la académica Sayak Valencia (2010), otra teórica de la necropolítica, describe como el paso del Estado-nación al mercado-nación, hasta llegar a la narco-nación.
En El Salvador, una de las sociedades punitivas por antonomasia, las capturas masivas se anuncian como un éxito rotundo a pesar de que un sinnúmero de inocentes son recluidos arbitrariamente sin el respeto de sus garantías básicas, y presentados públicamente como delincuentes. El hecho de que este país sea uno de los que posee mayor tasa de encarcelamiento en el mundo (World Prison Brief, 2022) es claramente un fracaso del Estado en su conjunto, pero el oficialismo y buena parte de la sociedad consideran que el aumento de la población penitenciaria es un logro indiscutible de la gestión gubernamental y de las fuerzas de seguridad. ¿Cuántos falsos-positivos hay entre detenciones ilegales y ejecuciones extrajudicales disfrazadas de enfrentamientos? La situación se agrava con las decenas de muertes en los penales provocadas presumiblemente por torturas o por el descuido deliberado ante el deterioro de la salud de los internos. Defender los derechos humanos o denunciar los abusos de las fuerzas de seguridad equivale a estar del lado de los delincuentes de acuerdo a la visión maniquea del gobierno y sus agitadores. La presunción de inocencia, uno de los principios del derecho moderno, ha sido sustituida por la presunción de culpabilidad. Los agentes del Estado pueden apelar al régimen de excepción para cometer arbitrariedades al tiempo que se desvanece cualquier posibilidad para que el régimen autoritario sea desmontado si todo permanece constante.
De acuerdo a Mbembe, no solo el Estado exige ese “derecho” a matar. Observando la región latinoamericana, diversos actores armados tienden a imponer la vida o muerte bajo sus propias reglas: cárteles mexicanos que desaparecen migrantes; pandillas salvadoreñas que reducen o aumentan el número de homicidios a niveles récord como carta para negociar con el gobierno; agentes de empresas que se asocian con elementos de seguridad para asesinar personas defensoras del medio ambiente en Honduras o paramilitares colombianos que masacran campesinos. Los poderes armados ilegales compiten entre sí para exhibir una violencia más temible que sus pares; y en el caso de los que tienen un carácter constitucional y legal, en este contexto también suelen colocarse al margen de la ley, en lugar de aplicarla. En estos casos, existe poco o nulo interés por hacer justicia a las víctimas presentes y pasadas de los distintos cuerpos y grupos que las han asesinado, mutilado, desaparecido, violado, desplazado y torturado. La impunidad en la región es notoria o bien se aplica una justicia selectiva. El cóctel se vuelve más intrincado y difícil de resolver cuando se considera la economía política de la seguridad y se examinan los intereses tras el negocio de la violencia: jugosos contratos de seguridad y defensa, ensanchamiento de presupuestos y privilegios para los burócratas de la seguridad y sus operadores armados, el mercado legal e ilegal de armamento, el financiamiento ilegal de campañas electorales, las estructuras para el lavado de dinero, etc. Para ciertas constelaciones de actores, echarle más leña al fuego es muy rentable. Se benefician materialmente.
La investigadora Ariadna Estévez remarca que buena parte del análisis social y político de esta época gira en torno a estos dos conceptos, biopolítica y necropolítica, que parecen opuestos pero que también pueden examinarse como complementarios. La autora los define así:
El primero se refiere al poder sobre la vida a través de las tecnologías de dominación tales como leyes y políticas públicas para la gestión de la vida humana en tanto especie, para garantizar que la población, la sociedad en su dimensión existencial y biológica, mantenga su statu quo racial. El segundo se refiere al poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos legal-administrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte (Estévez, 2018:9)
Tomado de: El País. Viñeta de El Roto del 13 de enero de 2015. Disponible en https://elpais.com/elpais/2015/01/12/vinetas/1421083301_152284.html
Los estados de excepción conjugan ambos poderes para aplicarlos sin frenos y sin contrapesos institucionales y se vuelven permanentes. Las sociedades terminan empantanadas en el fango de la corrupción y la violencia, no hay rendición de cuentas, y no se asume ninguna responsabilidad por las víctimas, convertidas discursivamente en “daños colaterales” o en “margen de error”. Sin información transparente y oportuna tampoco existe la posibilidad de evaluar las políticas de una forma racional, pero la historia muestra que este tipo de decisiones y acciones, lejos de derivar en soluciones viables, terminan exacerbando en el mediano y largo plazo los mismos problemas que dicen combatir, más otros que van emergiendo de forma concomitante.
Pese a que desde un punto de vista del pensamiento libre todo problema por grave que sea debe estar sujeto a la deliberación pública, los actores de la necropolítica no toleran la crítica y persiguen con saña a quienes buscan la construcción de alternativas. El Estado debería ser parte de la solución ejerciendo un rol redistributivo para garantizar la justicia social o protegiendo a las personas y grupos más vulnerables de la sociedad; sin embargo, termina convirtiéndose en parte del problema junto a los actores violentos no estatales, que también imponen sus propios estados de excepción y gestionan poblaciones y territorios decidiendo sobre la vida y la muerte.
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Fuentes
-Agamben, Giorgio (2011). Estado de Excepción y genealogía del poder. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
-Dostoievski, Fiador (2020). Memorias de la casa muerta. Barcelona: Alba editorial.
-Estévez, Ariadna. “Biopolítica y necropolítica: ¿constitutivos u opuestos?” Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad. Vol. XXV N° 73, septiembre /diciembre de 2018.
-Fanon, Frantz (1963). Los condenados de la tierra. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
-Mbembe, Achille (2011). Necropolítica y gobierno privado indirecto. Madrid: Melusina.
-Valencia, Sayak (2010). Capitalismo gore. Madrid: Melusina.
-World Prison Brief (2022). “World Prison Brief Data” (base de datos)”. Disponible en https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All
-Winterbottom, Michael y Whitecross, Mat. “La doctrina del shock” [película documental], Reino Unido, 2009.
* Danilo Miranda, docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 93.
