Contradicciones en abundancia

Las contradicciones, cuando son abundantes, desprestigian a quienes las cometen. Es cierto que todos tenemos limitaciones y que todos podemos cometer errores. La frase que insiste en que nadie es perfecto es indudable. Pero lo que se exige de las instituciones es que al menos hagan esfuerzos por cumplir con sus compromisos. Si la Constitución de El Salvador dice que el Estado, no solo el Gobierno, debe asegurar para todos la justicia social, todas las instituciones estatales deben sentirse comprometidas con ello. Y la justicia social tiene demasiadas dimensiones en el campo de los derechos de las personas que no se ven debidamente atendidas ni por los tres poderes del Estado, ni por otras instituciones o asociaciones que teniendo un poder real, económico, social o ideológico, no tratan de ser fieles a una Constitución que señala valores universales. Si queremos tener futuro digno en El Salvador, debemos vencer las contradicciones, dialogar sobre cómo superarlas, pues causan al final un insano dolor a nuestro pueblo. Los políticos, del partido que sean, se indignan fácilmente cuando alguien les dice que estamos en un Estado fallido. Pero si el Estado —y seguimos hablando de los tres poderes, así como de otros poderes no menos poderosos— tiene fallos sistemáticos en sus compromisos constitucionales, el calificativo “fallido” nos estará siempre rondando.

Continuamente repetimos que la educación es indispensable, que los niños son el futuro de la patria y todas esas obviedades con las que nos llenamos la boca unos y otros. Pero a la hora de invertir en la prevención de la violencia, no se nos ocurre, por poner un ejemplo, que todas las escuelas públicas tengan un sicólogo que pueda brindar formación y consejería. Mucha palabrería sobre educación, especialmente de parte de los políticos, pero poca acción. Cuando los escándalos de corrupción son fuertes, o cuando hay casos de violación o abuso de menores, la mayoría se lanza a decir que no debe haber prescripción para esos crímenes. Pero cuando pasa el efecto del crimen horrendo, el tema legal de la prescripción se olvida, o se intenta cambiar la ley de extinción de dominio, única normativa contra la corrupción que no admite prescripción. La Asamblea Legislativa, en la que, salvo excepciones, domina más el lenguaje irracional e insultante que el razonamiento humanista, es experta en contradicciones.

El sistema judicial no se queda atrás. Jueces arbitrarios, cobardes o ignorantes los encontramos con cierta frecuencia, más de lo conveniente para el país. Incluso la Sala de lo Constitucional, o al menos algunos magistrados, se permiten de vez en cuando algunas contradicciones severas. Hace poco más de un año, la Sala negó el derecho de la Alcaldía de San Salvador a cobrar impuestos a propiedades ubicadas en el territorio municipal, vinculando la propiedad a la productividad económica (“principio de capacidad económica” aplicado a la propiedad de terreno). Como si una gran propiedad, aunque no produzca dinero, no deba pagar impuestos por la extensión que ocupa. ¿Ignorancia, arbitrariedad, prepotencia? Es difícil saber las razones de tal acción. Pero cuando se protegen intereses económicos, siempre cabe la posibilidad de corrupción en algunos magistrados.

Recientemente, desde el Idhuca, solicité un amicus curiae en el habeas corpus en favor de los militares que tenían orden de detención para extradición a España por estar imputados en un juzgado de dicho país por el asesinato de los jesuitas. La Sala de lo Constitucional me lo negó alegando que la Sala no necesita “el aporte de conocimientos especializados” y que no existe “objetividad” en el solicitante del amicus curiae, dado el “interés que esas entidades” (supongo que la UCA y el Idhuca) han tenido en este caso. Que la Sala no necesite el aporte de conocimientos especializados es bastante llamativo. Al menos en el terreno de los derechos humanos, sí los necesita, porque ser buen jurista no garantiza especialización en el campo de derechos. Y la Sala ya mostró bastante ignorancia al querer callar al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos anterior, cuando él les hizo una advertencia al respecto, ignorando la Sala que los derechos humanos son en realidad una especie de moralidad externa al poder, aunque el poder pueda o no respetarlos. Lo técnico-jurídico no lo es todo en la vida de un país.

Y en cuanto a la objetividad, hay que reconocer que tampoco la tienen Rodolfo González y Belarmino Jaime, pues ya se habían pronunciado pública y previamente contra la extradición, sentando así criterio. Debían haberse excusado. Y si nos remontamos un poco más atrás, podemos recordar que Belarmino Jaime estuvo vinculado como abogado a quien en el momento del asesinato de los jesuitas era Comandante General de la Fuerza Armada y que Rodolfo González trabajó como empleado del juez Zamora en el Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador cuando ese tribunal juzgó el caso de los jesuitas. ¿Les volvió objetivos sentar criterio previamente a su decisión en el habeas corpus? Cuando la prepotencia se sube a la cabeza, la historia y los propios errores parecen olvidarse.

Arena dice que es un partido democrático, pero exalta a alguien señalado repetidas veces por violaciones a derechos humanos. Dice que está por el bien de los salvadoreños, pero se niega a dialogar sobre medidas urgentes para el bienestar de la gente, despreciando incluso invitaciones al diálogo de delegados de las Naciones Unidas. El FMLN también cae en contradicciones cuando asegura, por un lado, que la prevención es su prioridad en el combate contra el crimen, pero utiliza a través de sus representantes un lenguaje agresivo y de mano dura que genera abusos evidentes. Demasiadas contradicciones en demasiadas instituciones. Mayor seriedad, un poco más de humildad y un poco menos de prepotencia en la defensa del propio interés (y a veces del ajeno) resulta indispensable para que el país salga adelante. Estar más abiertos al diálogo, no negarse al mismo, incluso y especialmente cuando se tienen opiniones diferentes, resulta indispensable para el desarrollo ético y político de El Salvador.