Nada es tan maligno para una democracia como mezclar la violencia criminal con los procesos electorales. El atentado contra militantes del FMLN que regresaban en un vehículo de una actividad de su partido, que resultó en varios heridos y en el asesinato de dos adultos mayores, este pasado domingo 31 de enero, ha consternado e indignado a gran parte de los salvadoreños. El problema se agravó, además, con declaraciones ambiguas de diversos líderes del partido en el poder que insinuaban autorías tan absurdas como conspirativas del crimen.
La intervención rápida y, en esta ocasión, eficaz de la Fiscalía General de la República (FGR) zanjó pronto cualquier hipótesis conspirativa. Los autores del múltiple homicidio estaban vinculados a servicios de protección de autoridades públicas, y específicamente al cuidado del ministro de Salud. Reflexionar sobre la situación generada resulta indispensable, cuando estamos a pocos días de las elecciones municipales y de diputados. En primer lugar, es importante ver el contexto de violencia cultural y verbal existente en este tiempo electoral. Miembros del Gobierno han criminalizado, repetidas veces, a quienes han mostrado críticas u oposición a acciones gubernamentales.
Como ejemplo de lo anterior, puede destacarse aquella ocasión en que el presidente Bukele afirmó que la Sala de lo Constitucional pretendía “asesinar a miles de salvadoreños” cuando esta declaró inconstitucional un decreto que regulaba la cuarentena para prevenir el covid-19. Este tipo de señalamientos, además de ser falsos, contribuye a facilitar el crimen en una sociedad como la nuestra, donde la cultura de la violencia está muy extendida, y en la que abundan también personas con fe ciega en sus líderes o con un fanatismo exacerbado en el campo de las emociones, muchas veces disfrazado de frases o ideas. Las respuestas a los ataques gubernamentales no siempre se mantienen en el ámbito de la verdad o de la racionalidad y aceleran el fanatismo y el odio de quienes pertenecen a ese triste conglomerado de los contagiados por la cultura de la violencia. Cesar radical y totalmente en ese tipo de acusaciones, más orientadas a propagar sentimientos de odio que racionalidad política, resulta indispensable para el desarrollo democrático de El Salvador.
Se impone también la necesidad de una investigación rápida y exhaustiva de los hechos y el inicio del proceso judicial contra los agresores. El hecho de que las víctimas del homicidio sean adultos mayores, según informes preliminares, muestra la extrema violencia del crimen y el peligro de caer en una violencia indiscriminada. La cercanía de las elecciones municipales y legislativas le pone un añadido de urgencia a la investigación. Un hecho de estas características debería estar plenamente investigado y aclarado públicamente antes del evento electoral. Las diversas hipótesis que puedan surgir, así como la ambigüedades conspirativas ya insinuadas desde la Presidencia de la República, y cualquier otra que se levante, deben quedar claramente desvirtuadas por la investigación. Y los partidos políticos deben comprometerse a no añadirle más connotaciones de las que la investigación determine.
Una acción de este tipo no ocurría desde el asesinato de Francisco Velis Castellanos en Octubre de 1993. Se habían firmado los Acuerdos de Paz el año anterior y se preparaban las primeras elecciones municipales y legislativas (febrero de 1994) en las que participarían candidatos del recién fundado partido FMLN, incluido Francisco Velis, que buscaba una diputación. También en este atentado participaron personas vinculadas al ámbito de la seguridad. Tres años después del asesinato, el juicio no había sido resuelto, a pesar de haber personas detenidas,. Hoy esa situación no puede repetirse. En aquel entonces, en la misa celebrada en la Iglesia de El Rosario por el eterno descanso de este líder del FMLN, estuvieron presentes representantes de la sociedad civil y de todos los partidos, incluido ARENA, con la entonces vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria Salguero Gros. En la actualidad sería importante que se celebrara un acto de homenaje público a las víctimas del atentado que sirviera para ratificar un acuerdo de rechazo a la violencia entre todos los partidos políticos.
La violencia cultural solo puede desterrarse definitivamente desde el compromiso con valores y actitudes éticas por parte de quienes participan en política. La política, precisamente por ser el campo en el que se estructura la convivencia ciudadana y se concretan los valores, derechos y deberes de convivencia, necesita siempre construirse desde el diálogo, la tolerancia y los acuerdos básicos. La política deja de ser política y se convierte en táctica mafiosa si no logra el acuerdo de vivir en paz, aunque le suene mal al presidente de turno, y si no garantiza una vida en libertad, que busque el desarrollo de las capacidades de todos y se comprometa con la verdad, y no con imágenes artificiales o emociones construidas desde la mentira y la agresividad.
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 31.