Disfraces de la corrupción

La Fiscalía ha recibido un segundo llamado de atención. Esta vez del Juez Especializado de Sentencia C por no procesar a funcionarios y políticos que en 2017 negociaron una nueva tregua. A los jueces les sorprende cómo la Fiscalía se ensaña con los pandilleros y olvida a los poderosos que han negociado con los dirigentes de las pandillas, al menos en dos ocasiones: en las elecciones de 2014-2015 y en 2017. Según la evidencia, negociaron votos y tregua por elevadas sumas de dinero. El Juez Especializado de Sentencia A, asombrado por la parcialidad y la indolencia fiscal, concluyó con verdad, al finalizar el juicio de 425 pandilleros: “Tenemos dos tipos de gánster: los gánster pandilleros y los gánster políticos”. Los primeros fueron capturados, exhibidos ante la prensa como criminales obviando la presunción de inocencia, juzgados y condenados, mientras que los funcionarios y los políticos han salido indemnes hasta ahora.

Las explicaciones de los implicados, aunque inverosímiles, han sido aceptadas sin más. Una de las grandes figuras de Arena ha jurado repetidamente no haberse reunido con pandilleros. Ante la evidencia gráfica, aceptó haber asistido a una reunión con pastores y “otros sectores sociales”. Y admite la posibilidad de que “en ese momento se hayan filtrado pandilleros”. El asunto ha sido enterrado gracias a otra negociación de Arena, esta vez con el Gobierno de Bukele a cambio de la aprobación del Presupuesto. Pero la cuestión aflora inoportunamente en los juzgados. Si las declaraciones de los testigos privilegiados son suficientes para condenar pandilleros, por qué razón son inválidas para abrir proceso judiciales a los funcionarios y políticos mencionados en ellas.

El jefe de la fracción de Arena intenta sacar las castañas del fuego arguyendo que “el problema de la delincuencia en el país ha tenido rasgos grandísimos y ha afectado a todo el pueblo”, incluyendo a los dirigentes y funcionarios de Arena y del FMLN. Y agrega, a modo de explicación: “Fue una extorsión, la mayoría de los salvadoreños han estado extorsionados, no ha quedado otra opción”. Así, pues, Arena reconoce el poder real de las pandillas y negocia con ellas, aun cuando las ha declarado terroristas. La negociación es inevitable, pero como “todos somos víctimas, nadie es responsable”, excepto los sin poder, que sufren todas las consecuencias.

El Ejército dispara aún más alto, en otro intento por justificar lo injustificable. No ha permitido auditar los fondos que Naciones Unidas le entregó en 2018, a cuenta de cinco contingentes salvadoreños desplegados en Malí, Líbano y la República Democrática del Congo. Los ministros de Defensa, el antiguo y el actual, invocan la Constitución, la seguridad nacional e internacional, el secreto militar y la legislación secundaria. Más pragmáticamente, alegan que no están obligados a rendir cuentas de un dinero que no proviene del Estado. Olvidan de manera oportuna que gestionan una institución estatal muy importante, al menos simbólica y económicamente.

De todas maneras, en la argumentación se filtra, inadvertidamente, la razón de fondo. Según los generales, esos fondos son de libre uso. Por tanto, no estarían sujetos a controles burocráticos como la auditoría. Así, el Ejército ha dispuesto a su antojo de los fondos provenientes de Naciones Unidas durante varios años; al parecer, con autorización de Hacienda. El controlador contraargumenta que su inspección es obligatoria y no concierne a la seguridad ni al secreto militar. Pero, claro, pondrá al descubierto el destino del dinero, el cual no debe ser muy limpio.

Ningún poder institucional obligará al Ejército a dar cuentas. Su comandante en jefe ha guardado silencio, tal vez sumergido en el enredo de la potabilización del agua. La cerrazón o autonomía del Ejército ha facilitado otros hechos incomprensibles, como la proliferación de ascensos, pese a no estar en guerra, al menos no formalmente. A finales de 2018, el mismo año de la auditoría denegada, agregó cinco generales, 28 tenientes coroneles, 41 capitanes y 55 tenientes. Más recientemente, el actual ministro de Defensa ha sido ascendido a contralmirante de una armada inexistente: la fuerza naval la conforman unas pocas unidades. Por eso, ahora solicita prestar dinero para adquirir una nave de una manzana de largo con usos no definidos. Son mandos que no tienen a quién mandar; el Ejército no da para tanto. Pero los títulos otorgan prestigio a quienes los ostentan y, sobre todo, aumentos salariales y prestaciones abultadas. En su irrealidad, la expansión anual de la oficialidad militar aumenta la carga fiscal de un Presupuesto que debe contraer préstamos para salir adelante.

La creatividad de funcionarios y políticos para justificar la irracionalidad es inagotable y extraordinaria. Entre más implicados en la corrupción, más creativos se muestran. Cuando la prensa los aprieta, desconocen, mienten, alegan infamia, secreto o la misma Constitución. Antes de la guerra, el jefe de uno de los cuerpos de seguridad asaltó un banco a mano armada, pero salió bien librado con el argumento de que quien aparecía en el video de seguridad no era él, sino alguien que se la parecía. El vicio es, pues, muy antiguo. Y el Gobierno de las ideas nuevas está más cómodo con las prácticas de siempre.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.