Dudas y conjeturas a partir de las últimas protestas

Como se sabe, el pasado 17 de octubre se realizó una numerosa manifestación en contra de los tres poderes estatales. Ciertamente, el número de asistentes fue menor a la sucedida el 15 de septiembre. Sin embargo, a juzgar por las imágenes y videos que circularon por medios de comunicación y por redes sociales, la protesta, pese a retenes policiales que obstaculizaron la afluencia desde el interior del país,¹ logró convocar a una multitud. Al igual que las acciones de septiembre, la de aquel domingo congregó a una multiforme oposición. Feministas, víctimas del conflicto armado, representantes de iglesias evangélicas, activistas LGTBI, sindicalistas, jueces, residentes en Estados Unidos, entre otros. Del mismo modo ocurrió con las causas y reivindicaciones abanderadas por las personas manifestantes: descontento frente a la privatización del agua, preocupación y repudio ante las desapariciones, exigencias de justicia para las víctimas de Chalchuapa y las del conflicto armado, rechazo a la imposición del bitcóin como moneda de curso legal, rechazo al irrespeto de la Constitución, así como a la opacidad en el manejo de los fondos públicos. Esas y otras causas más.

Una de las primeras dudas que emergen tras estos hechos políticos, tal como ya se ha sugerido en este semanario y en otros espacios, es el rumbo y el talante de la oposición. En otras palabras, plantea un desafío para la población organizada en las diversas expresiones de resistencia. Dicho desafío se manifiesta en dos direcciones. La primera, discernir la estrategia y, fundamentalmente, la discusión del país que se busca construir. Es decir, más allá de señalar los errores, negligencias y abusos del gobierno, que es necesario, requerirá de un esfuerzo por proponer un proyecto colectivo, inclusivo y que atienda las verdaderas necesidades de las mayorías. Un esfuerzo político que garantice el respeto a la Constitución. Esto sugiere el segundo desafío: trascender de las demandas sectoriales, específicas y pasar a una unidad que busque el bien común. ¿Cuál es o será ese punto de encuentro? ¿Bajo cuáles criterios? ¿Qué capacidad de diálogo existe entre estos sectores? Evidentemente, son dudas e interrogantes que quedan tras la muestra del descontento y que, probablemente, no tendrán respuesta en el corto plazo.

Por su parte, la reacción del oficialismo también evoca una serie de preguntas. Algunos indicios, además de constatar el semblante autoritario, despiertan otras dudas y, en consecuencia, provoca pensar o conjeturar posibles escenarios. Una de esas reacciones que más llama la atención es el decreto de “Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados”, promovido por diputados del partido Nuevas Ideas. La disposición, aprobada el pasado 20 de octubre, tiene como objetivo prohibir toda concentración masiva ya sea de carácter público o privada. Asimismo, faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) para actuar de oficio ante el incumplimiento del decreto y, a su vez, sancionar e incluso procesar penalmente a quienes convoquen a tales actos.

Sin duda, es normal que un país, en medio del contexto global pandémico, busque proteger a sus habitantes. Ahora bien, ¿La disposición aprobada el 20 de octubre está centrada en controlar la propagación del virus? ¿Existe un trasfondo en ese decreto? Y es que la narrativa oficial (y voces afines) lleva a sospechar, y cuestionar, que las motivaciones de ese decreto no radican, únicamente, en asuntos relacionados a la salud pública. De ser así, hace tiempo hubiesen regulado, con medidas más drásticas y efectivas (aunque poco populares), eventos deportivos de gran convocatoria; por citar solo el mayor de los ejemplos. Como ya han apuntado algunas voces críticas, el decreto busca silenciar, e incluso, criminalizar el descontento social. Si bien es cierto, representantes de la bancada oficialista señalaron que no persiguen prohibir marchas, dada la correlación institucional de la actualidad, construida a la medida, no es arriesgado sospechar que las motivaciones del decreto son otras y que las consecuencias pueden atentar contra derechos esenciales.

Toda esta reacción lleva a especular acerca de la lectura que ha realizado tanto el gobierno y sus apéndices. Sugiere pensar que la popularidad del presidente y de su partido están a la baja. Hace pensar que existe temor a la crítica, al diálogo transparente y a los reclamos de la población. En fin, al descontento social que crece y que cada vez se hace más evidente en los distintos canales de expresión. Reiteradamente, las autoridades y sectores afines han demostrado que estas acciones políticas han impactado.

En definitiva, la coyuntura sugiere dudas y reclama desafíos a la oposición y al sector oficial. A la primera, le anuncia la necesidad de crear, a base de mínimos acuerdos, un proyecto político que denuncie, proponga y represente. A los poderes del Estado, en cambio, les demanda una actitud de respeto y escucha. Sus reacciones no solo les exhibe, sino que, además, sigue cavando el declive democrático. Efectivamente, hasta ahora es un panorama de especulaciones. La única certeza es que manifestarse es un derecho que ningún artilugio jurídico puede contener. La experiencia de este país ha demostrado que la frustración y la reprimenda no es el mejor binomio para la construcción social. Termina mal. Se puede evitar.

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Nota

1. "Pese a los retenes policiales, miles volvieron a protestar contra Bukele", El Faro:  https://elfaro.net/es/202110/ef_foto/25796/Pese-a-los-retenes-policiales-miles-volvieron-a-protestar-contra-Bukele.htm 

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 67.