El año de la mujer

La semana pasada celebramos el día dedicado a la mujer, y hay que felicitar el esfuerzo reivindicativo de sus derechos manifestado el 8 de marzo por parte de tantas personas, así como el apoyo de diversas instituciones. Sin embargo, tal y como está la situación en El Salvador, deberíamos optar por un año de la mujer en vez de un día. En otras palabras, las reivindicaciones en favor de sus derechos deberían convertirse en trabajo sistemático que cambie, a lo largo del año, las injusticias más graves que sufren. Ya es tiempo, por ejemplo, de que haya una ministra de la Defensa Nacional o una ministra de Justicia y Seguridad Pública, puestos en general pensados para hombres, que no han sido siempre los más idóneos. Hay que comenzar a extirpar el machismo y hay que comenzar ya. Los partidos políticos tienen que empezar a fomentar el liderazgo femenino con mucha mayor fuerza y, por supuesto, aumentar visiblemente la participación de la mujer en la gestión política del país.

Pero también culturalmente necesitamos desarrollar una política que rompa el desinterés machista por la marginación de la mujer. Que en 2018 haya habido 3,244 denuncias de delitos relativos a la libertad sexual y que el número de condenas sea tan exiguo es una vergüenza. Y más cuando el 84% de las denuncias consisten en delitos de violación en menor o incapaz, y de estupro. Más de 2,500 abusos sexuales graves en contra de menores a lo largo del año, mayoritariamente niñas, supone una deleznable cultura machista muy extendida. Aparte de una mayor celeridad y eficiencia en los juicios contra los perpetradores, una campaña sistemática en radio, televisión y redes sociales animando a la denuncia y la penalización de este tipo de delito se hace indispensable para cambiar esta cultura de abuso brutal y simultánea impunidad, cuya existencia nos la están indicando los datos del día a día.

No puede ser que las mujeres, que dedican muchas más horas que los hombres al cuido de niños y ancianos, tengan posteriormente peores pensiones que los varones. No puede ser que el salario de las maquilas sea inferior al de la industria, sabiendo que hay más mujeres que hombres en las maquilas, especialmente en los puestos básicos. No puede ser que jueces machistas, fiscales o médicos no especialistas confundan un parto extra hospitalario con homicidio agravado, como ha pasado en repetidas ocasiones. Con esas confusiones, una mujer violada y embarazada termina teniendo una pena de cárcel mayor que su violador, que además con frecuencia queda impune.

Personalmente, no estoy en favor del aborto, en la medida que implica un atentado muy claro contra la vida. Pero las confusiones de nuestros perseguidores del delito son demasiado escandalosas si tenemos en cuentan la manga ancha que manejan frente a abusadores y la interpretación rigorista de algunos partos, más allá de que hayan sido inducidos criminalmente o no. No se puede tipificar cualquier parto extra hospitalario como homicidio agravado, teniendo médicos especialistas adecuados para diferenciarlos y una legislación bastante clara sobre la penalidad del aborto, que debe ser la que se aplique en el caso de que haya claridad respecto a la violación de la norma.

Seguimos sin firmar convenios de la OIT que protegen el trabajo de las empleadas del hogar. Tener una legislación que les otorga menos derechos que a otros trabajadores es una muestra más de lo que podríamos llamar machismo institucional. Las bromas, las burlas o el lenguaje sexista en contra de la mujer no deben ser permitidos. La igual dignidad de la persona comienza en el mutuo respeto a la diversidad entre hombres y mujeres. La cultura machista, que potencia la violencia y el culto al riesgo, debe ser sustituida por nuevas formas de masculinidad mucho más atentas a la igualdad y a la complementariedad gozosa en el campo de los valores y el comportamiento.

* José María Tojeira, director del Idhuca.