El perverso experimento con el bitcóin en El Salvador

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Meraris López y César Artiga
03/12/2021

La 26ª Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), desarrollada recientemente en Glasgow, Escocia, arrancó con un potente y poco diplomático mensaje del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en el que alertaba sobre la necesidad de adoptar acciones contundentes con sentido de urgencia ante los efectos acelerados del cambio climático. A pesar de este llamado, que se suma al de los informes científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y del Panel Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos, los Estados han hecho caso omiso a estas recomendaciones, lo que ha provocado la profundización del modelo extractivista y el subsidio a tecnologías que atentan contra la integridad del medio ambiente.

En este contexto, El Salvador ha vuelto a aparecer en el escenario internacional debido a los exabruptos del presidente Nayib Bukele y su demagogia que, en su obsesión autoritaria por el control total, ha resquebrajado el Estado de Derecho, debilitado la democracia y desmantelado instituciones, lo que ha provocado serios retrocesos en materia de derechos humanos. En junio de 2021, Bukele anunció que presentaría a la Asamblea Legislativa un proyecto para darle circulación legal al criptoactivo bitcóin, una iniciativa que fue aprobada por la bancada de Nuevas Ideas y por los partidos aliados del presidente, PCN, PDC y GANA. Además, con mucho sensacionalismo, el Gobierno anunció que El Salvador sería el primer país del mundo en utilizar parte de su energía geotérmica para minar bitcóin. Esto levantó serias dudas y cuestionamientos sobre su implementación sobre todo porque, como ha sido un sello habitual de la actual administración desde que asumió su mandato, no se dieron detalles oficiales sobre la inversión y los estudios de factibilidad económica, ambiental y social.

Los criptoactivos aparecieron alrededor del 2008 y su máximo exponente, el bitcóin, se posicionó como una corriente en alto crecimiento, pero sin la debida profundización sobre sus potenciales impactos ambientales. Uno de los principales problemas asociados en esta materia es el alto consumo de energía que esta tecnología supone. Por ejemplo, el uso de energía es abismal en la carrera por generar bloques válidos en la cadena bitcóin y se puede llegar a gastar más electricidad que la que consumen países como Finlandia, Suiza o Argentina (BBC, 2021) y que, en el caso de El Salvador, significa 14.3 veces su consumo anual. 

Además, se sabe que el máximo de unidades posibles a crear de este criptoactivo es de 21 millones de monedas. En el 2019 ya se había creado el 85% de esta cantidad, lo que ha agudizado la competencia debido a la escasez de monedas virtuales por crear y ha implicado un mayor uso y desperdicio de energía. Este escenario vaticina un desastre ambiental en el corto plazo, considerando que las fuentes renovables no son lo suficientemente estables para mantener el funcionamiento ininterrumpido de la tecnología, por lo que las fuentes más baratas y continuas terminan siendo las provenientes del carbón y de los combustibles fósiles. Esta situación es contraproducente para lograr los compromisos establecidos en el Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La inserción del minado de bitcóin en El Salvador es absurda. El país importa el 21.8 % de la energía necesaria para cubrir su demanda (SIGET, 2019), donde al menos 12 de cada 100 hogares no poseen servicio de energía eléctrica directa (DIGESTYC, 2019). Aunque Bukele anunció que El Salvador sería el primer país en minar bitcóin con energía geotérmica,  la brecha entre demanda y oferta no se ha cerrado y el uso de este tipo energía para minar Bitcoin representa para El Salvador la profundización de las desigualdades en el acceso a la energía que, aunque no está reconocida aún como un derecho, las comunidades empobrecidas lo reivindican y afirman como tal. La energía geotérmica es la segunda fuente de energía más importante del país y se le puede considerar como energía renovable.

El montaje de la primera granja minera de bitcóin en el país ha implicado adquirir equipos y adecuar infraestructura. Estos procesos han estado caracterizados por la falta de transparencia e incluso por ilegalidades, pues en muchos casos se ha evadido procesos de licitación. Según informaciones obtenidas por las redes sociales, se sabe que la granja tiene al menos 300 computadoras con equipos ASIC, que son los más extendidos y utilizados en la minería de bitcóin. Estos equipos tienen un precio básico de $4,000.00 y cuentan con un tiempo de vida relativamente corto, entre 6 y 12 meses como máximo. Esto también representa un problema ambiental, ya que en El Salvador, solo en 2019, se generaron 35.8 kilotoneladas de basura electrónica. Con la operación de la granja, esta cifra se estaría duplicando (El Economista, 2021). A nivel global, la basura electrónica generada por minar bitcóin aumentará de manera significativa la huella ecológica. Por ello, el minado de bitcóin representa una afrenta contra el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático y medio ambiente. 

El drama humano que vive el país por el deterioro de las finanzas públicas tiene como principal rostro la negación de derechos, que exacerba condiciones de vulnerabilidad en las personas y en los ecosistemas ante la ausencia y negligencia del Estado. Esto contrasta de manera aberrante con la inversión de al menos $1.2 millones realizada en equipos para el minado de bitcóin, lo que significa 3,687.67 salarios mínimos mensuales del área de comercio e industria y 4,401.09 salarios mínimos de las personas que trabajan en la recolección del monocultivo de la caña de azúcar. 

El minado de bitcóin es un lujo que este empobrecido país no puede ni debe permitirse. Mientras hay computadoras minando 24/7, las comunidades ven negados sus derechos, sin soluciones reales y efectivas para el uso doméstico de la energía como bien común global. La imposición abusiva de esta tecnología está fuera de todo sentido ético y compromiso político con el ambiente. La realidad imperante del país exige invertir de manera significativa en las etapas críticas del ciclo de vida de las personas y en robustecer el marco de políticas públicas de protección ambiental.    

El experimento del bitcóin en un país como El Salvador es perverso y saldrá carísimo, porque no representa una solución duradera, sino una falsa solución para mantener la cultura de privilegios e impunidad que somete a los pueblos y explota a la naturaleza. Esta lógica perversa debe acabarse. Es urgente caminar decididamente hacia la creación de una sociedad diferente que manifieste una paz sustentable para las generaciones actuales y venideras.

 

* Meraris López, docente e investigadora del Departamento de Economía; César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú-El Salvador. El texto fue publicado originalmente en el International Politics and Society Journal. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 72.

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