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El pasado 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2021. El contexto inmediato era de tensión entre Zelaya y la Asamblea Legislativa por la reiterada negativa del primero para comparecer ante la Comisión Especial que investiga el uso de los fondos públicos durante la gestión de la pandemia. La tensión aumentó todavía más porque el Ministerio de Hacienda no había depositado todavía en esa fecha los fondos para el pago de salarios de todos los empleados de la Asamblea Legislativa, aduciendo la falta de liquidez. Algo similar a lo que había ocurrido unos días antes con los empleados del Órgano Judicial, con la diferencia que ante el reclamo de las autoridades de dicho Órgano, el Ministerio de Hacienda hizo el depósito correspondiente para el pago de esos salarios. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa entendía, entonces, que se trataba de una acción de presión y de revancha contra los diputados.
La disputa continuó con una denuncia de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa ante la Fiscalía General de la República en contra de los responsables del trámite correspondiente para poder pagar a los empleados de la Asamblea, incluyendo al mismo presidente de la República. Se les acusaba de actos arbitrarios y de incumplimiento de deberes. La evolución de la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo dependerá en buena medida del comportamiento de la Fiscalía, que no parece estar a la altura que requiere la defensa del Estado de Derecho en el país, al menos desde que comenzó la pandemia del covid-19.
En medio de esa tensión institucional ha comenzado el debate sobre los ingresos y gastos proyectados para el Presupuesto 2021. Diputados y analistas económicos han comenzado a desfilar por distintos medios de comunicación para expresar sus opiniones al respecto. El consenso general entre los diputados de la oposición y los analistas económicos es que se trata de un presupuesto inflado (en los gastos) e irrealista (en los ingresos).
Cuando el ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto expresó que se trataba del presupuesto ideal para el “milagro salvadoreño”. Con ello quiso decir que con ese presupuesto se lograría que la economía salvadoreña saliera del hoyo en que se encuentra y comenzará a crecer como no lo ha hecho, al menos, desde la crisis de 2008. Además, según el ministro, este presupuesto muestra las prioridades del gobierno para atender las necesidades de la población en materia de educación, salud y seguridad. Tres carteras ministeriales que llevan un incremento importante en su asignación presupuestaria para 2021. El mensaje es claro: quien rechace este presupuesto está en contra del pueblo.
Desde que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales de 2019 ya se podía prever que la gestión del nuevo gobierno sería difícil, en parte por no contar con una fuerza partidaria propia y suficiente para que respaldara sus iniciativas en la Asamblea Legislativa. En parte, porque El Salvador tiene un presidente institucionalmente débil, desde una perspectiva comparada, tomando como base las facultades constitucionales con las que cuenta y los controles institucionales a los que está sometido. Cualquier persona que pretenda ejercer el cargo presidencial debiera conocer esta limitante institucional previamente. Sin embargo, pareciera que el actual ocupante del cargo desconocía esta condición y ahora lo vive con la frustración que le genera el no poder hacer todo lo que él quiere hacer, en la forma como lo quiere hacer. Como todo buen psicólogo lo sabe, esa frustración puede conducir a comportamientos agresivos.
Para ocultar su frustración y sacar ventaja política, el presidente Nayib Bukele ha seguido jugando al papel de víctima de un sistema corrupto, cuyos defensores son “los mismos de siempre”. Como en un juego de ajedrez, el presidente ha puesto en jaque varias veces a la Asamblea Legislativa, donde se encuentran los diputados de los partidos que, en su discurso de toma de posesión, identificó como obstáculos o piedras que hay que quitar. Desde entonces, la apuesta es esa: sacar de la Asamblea los obstáculos que le impidan gobernar como él quiere. Unos obstáculos que pareciera que se han multiplicado fuera de la Asamblea y a quienes el presidente considera empleados de los diputados, en el caso de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, y aliados de los mismos de siempre, en el caso de centros de investigación y universidades que tienen una posición crítica frente al comportamiento, con tintes autoritarios, del presidente.
Siguiendo la metáfora del juego de ajedrez, a finales de 2019, el presidente movió su “alfil blanco” para poner en jaque a la Asamblea Legislativa, al hacer que esta apareciera ante la opinión pública como contraria a la seguridad del pueblo, al no aprobar un préstamo millonario para financiar el supuesto plan de control territorial del gobierno. La Asamblea se negó a aprobarlo pero el “jaque” todavía no era “mate” pues los diputados cuestionaron públicamente la necesidad de comprar un buque para la marina y un sistema de cámaras cuya provisión favorecería a una empresa que habría negociado previamente con el director de Centros Penales.
Después, el 9 de febrero de este año, vino otro “jaque”. Esta vez con la ayuda de una “torre y un caballo”: la policía y el ejército. Una orden “de arriba” evitó que el presidente consumara la “insurrección” que promovía a través de redes sociales contra la Asamblea. Posteriormente, en medio de la pandemia, del ministerio de Salud, otro “alfil blanco” puso en jaque a los diputados, al montar un “cerco sanitario” al Salón Azul de la Asamblea pues, se supone que, había indicios de haberse convertido en un “centro de contagio”. La Asamblea tendría que parar sus funciones en razón de la salud pública. La tensión entre la Asamblea y el Ejecutivo había alcanzado ya niveles críticos.
Finalmente, el presidente ha vuelto a poner en jaque a la Asamblea. Lo ha hecho de nuevo con su “alfil blanco”, el ministro de Hacienda. Esta vez, la Asamblea lo tiene difícil. Aprobar el proyecto de presupuesto implicará endeudar al máximo al país para poder financiarlo. No aprobarlo, será la estocada final para la Asamblea, el “jaque mate”. Pues a escasos meses de las elecciones de diputados y concejos municipales, el presidente argumentará que las cosas están más que claras: esos partidos y esos diputados son los obstáculos para la educación, salud y educación que él quiere dar al pueblo. Por tanto, este pueblo tendrá en sus manos la posibilidad de sacar a esos partidos y diputados de la Asamblea el 28 de febrero. El grito de batalla será ¡de que se van, se van! Si el nuevo año se comienza sin aprobar el presupuesto, esta jugada del presidente será el “jaque mate” de los controles institucionales sobre el Ejecutivo que constitucionalmente le competen a la Asamblea Legislativa. El partido Nuevas Ideas podrá cumplir en febrero el deseo del poder total para el presidente.
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 17.
